Estas medidas deberían aplicarse en las residencias Los Frailes, Domus Vi, Vitalia Home, Nuestra Señora de Butarque, Los Balcones, Amavir El Encinar, Valdepelayo y Valdeluz
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga nuevamente a la Comunidad de Madrid a intervenir las residencias de Leganés cuanto antes, una exigencia que también viene realizando Eva Martínez Borrega -concejala de Asuntos Sociales, Cultura e Igualdad- desde el pasado mes de marzo. “Resulta absolutamente incomprensible que el gobierno de Ayuso siga centrado en buscar el enfrentamiento con el gobierno central, imponiendo pasar a la fase 1, cuando ni siquiera ha intervenido todavía en decenas de residencias en las que las personas mayores siguen sin tener garantizada una asistencia médica”, ha declarado Martínez Borrega.
Esta nueva instrucción del TSJM reitera la decisión adoptada el pasado 27 de abril que ya obligaba a la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias y que, «a día de hoy con más de 200 personas fallecidas en estos centros, sigue sin cumplirse». Según ha explicado Martínez Borrega, “es muy difícil entender la falta de personal sanitario que sigue azotando nuestros centros, mientras se despide a médicos y enfermeros que supuestamente tenían contrato hasta el mes de junio, unido a peleas en el seno del gobierno autonómico entre PP y Cs por una gestión desastrosa”. El TSJM califca además de “insufciente” el personal médico y de enfermería que se hace constar como enviado “para la atención del número de ingresados y enfermos existentes en las mismas” al igual que no se acredita los residentes que han sido atendidos en las residencias o los que han sido derivados a un hospital.
Ocho centros -Los Frailes, Domus Vi, Vitalia Home, Nuestra Señora de Butarque, Los Balcones, Amavir El Encinar, Valdepelayo y Valdeluz- siguen a la espera de recibir medios materiales y humanos. “Las quejas en este sentido no son nuevas a raíz de la crisis del COVID19”, recuerda la concejala, ”ya se presentaron más de 500 reclamaciones de familias alertando sobre la escasez de medios y una denuncia a Fiscalía. De todo esto dimos traslado a la Comunidad de Madrid hace ya algunos meses y seguimos sin obtener respuesta”, concluye.
