Granada, 23 mar (EFE).- La Audiencia de Granada juzgará en abril a los ocho miembros de una red organizada y dedicada a explotar sexualmente a extranjeras en situación de vulnerabilidad, por lo que la Fiscalía solicita penas que sumen 30 años de cárcel para cada acusado por prostituir a las víctimas y obligarlas a vender droga y viagra.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los ocho procesados tenían entre ellos relaciones de amistad o parentesco y montaron la red para beneficiarse económicamente de la explotación sexual de extranjeras.
Los acusados, de nacionalidad española, boliviana y colombiana, tenían dos viviendas en Granada y Cúllar Vega en las que, entre 2019 y 2021, obligaron a vivir y prostituirse a al menos una decena de víctimas, todas en situación irregular en España y que han actuado como testigos protegidos en la causa.
La red se encargaba de localizar a las víctimas, algunas en situación de calle y la mayoría con cargas familiares, y las obligaban a prostituirse con un control férreo.
Las mujeres tenían que estar disponibles 22 horas al día y en cada una de las casas vivía una procesada que se encargaba de controlar los movimientos y recaudar el dinero.
Algunas entregaban a la organización el 70 % del dinero que obtenían y otras no recibieron nada de esta red que controlaba sus movimientos, no las dejaba salir de las viviendas, vigilaba sus teléfonos y custodiaba su documentación.
Además, la red llevaba a las mujeres a locales de Granada y Armilla para captar clientes y las obligaba a ofrecerles diferentes drogas y viagra y, en ocasiones, también las trasladaba a viviendas particulares donde eran obligadas a prostituirse.
Las tareas de la organización estaban repartidas, con parte de los procesados dedicados a captar a las mujeres, otros dedicados a su control, a suministrar las drogas o a los desplazamientos.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito contra la salud pública por el que ha pedido una pena de 5 años para cada uno de los procesados y ha añadido otro delito agravado de explotación de la prostitución, por el que ha sumado cuatro años más de cárcel.
También ha pedido para cada uno 21 años más de cárcel por siete delitos de explotación de la prostitución, por lo que cada acusado se enfrenta a una petición total de 30 años de prisión, el pago de multas y 6.000 euros de indemnización a cada víctima.
Los acusados serán juzgados en la Sección Primera de la Audiencia de Granada en cuatro sesiones y desde el 1 de abril.
