Túnez, 1 abr (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, declaró hoy que no habrá elecciones legislativas anticipadas en un plazo máximo de 90 días, tal y como recoge la Constitución tras la disolución del Parlamento, por lo que los comicios se mantendrán el 17 de diciembre siguiendo su hoja de ruta.

En una reunión celebrada el jueves por la noche junto a la primera ministra, Nedjla Bouden, y el ministro de Tecnologías, Nizar Ben Neji, Said advirtió que «aquellos que sueñan con aplicar el artículo 89 de la Constitución se hacen ilusiones». Según este texto, el presidente puede disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas en un plazo mínimo de 45 días y máximo de 90.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aseguró en un comunicado que su país se siente «profundamente preocupado» por la decisión del presidente de disolver unilateralmente el Parlamento y las medidas jurídicas que las autoridades están considerando contra los miembros de la cámara.

«Cualquier proceso de reforma política debe ser transparente e inclusivo y debe llevarse a cabo en coordinación con los diferentes partidos políticos, sindicatos y la sociedad civil. Un rápido retorno a la gobernanza constitucional, incluido un parlamento elegido, es esencial para la gobernanza democrática y garantizará un apoyo generalizado y duradero de las reformas necesarias para ayudar a que la economía de Túnez se recupere», señaló el responsable.

En una entrevista concedida a la cadena qatarí Al Jazira, el presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, reveló ayer que 30 de los 124 diputados -de un total de 217- que participaron este miércoles en una sesión parlamentaria a distancia para anular las medidas excepcionales del mandatario han sido convocados por la brigada antiterrorista.

Horas después del voto, el dignatario denunció un intento de golpe de Estado «fallido» y decretó la disolución de la cámara, suspendida temporalmente desde el pasado mes de julio, para «proteger al Estado y sus instituciones». La ministra de Justicia, Leïla Jaffel, calificó esta iniciativa de «conspiración» contra la seguridad del Estado y ordenó la apertura de una investigación contra los implicados.

El comité ejecutivo del partido islamista Ennahda, principal fuerza parlamentaria, rechazó la decisión de Said «que representa la desintegración del Estado y una nueva brecha de la constitución», mientras que la poderosa central sindical UGTT apoyó esta medida al considerar que es «una oportunidad, tras un periodo de duda, para devolver la confianza y tranquilizar a la ciudadanía».

La Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) tiene previsto celebrar este sábado una segunda sesión telemática para examinar la situación política, económica y social.

El pasado 25 de julio Said decretó el Estado de excepción -que incluyó el cese del primer ministro- y se hizo con plenos poderes con el fin de «recuperar la paz social». Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como «golpe de Estado», mientras otros consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Según la hoja de ruta anunciada por Said a finales de año, el país deberá celebrar el próximo 25 de julio un referéndum constitucional -el primero de la historia del país- y legislativas anticipadas el 17 de diciembre.