Madrid, 25 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo ha reclamado la «respuesta necesaria» que esperan las víctimas de abusos de abusos en el ámbito de la Iglesia, después de que la institución entregara en el parlamento hace más de un año su informe y documentara 516 testimonios que hacen referencia a 674 víctimas.
El defensor Ángel Gabilondo ha depositado en las Cortes Generales el informe sobre la actividad de la institución en 2024, que recoge la actualización del documento sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Download File: https://vivirediciones.es/wp-content/uploads/2025/03/rss-efec9cdfb27-121b-48f6-8703-a713e63cf058-hd-web.mp4?_=1Gabilondo ha argumentado que una vez debatido el informe por la Cámara Baja, corresponde ahora «ser objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas que, en el modo que considere el Parlamento».
«Sigue pendiente de encontrar la respuesta necesaria que las víctimas vienen demandando», ha dicho Gabilondo quien ha lamentado que «están desconcertadas, incómodas y disgustadas».
Respecto la iniciativa registrada por PSOE y Sumar de creación de una subcomisión de estudio sobre las agresiones o abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, el defensor ha sugerido que se centre en las conclusiones y recomendaciones presentadas por la institución en el parlamento.
El Defensor del Pueblo planteó 24 recomendaciones centradas en la atención y respuesta a las víctimas que proponen, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a los afectados en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.
En el documento se recogen nuevos testimonios de víctimas, que a cierre de 2024, han sido 516 los testimonios que hacen referencia a 674 víctimas.
También incluye el contexto de la encuesta demoscópica realizada por la institución para enmarcar las dimensiones del problema, la respuesta de la Iglesia y las actuaciones llevadas a cabo tras la publicación del informe, la respuesta de los poderes públicos, informes internacionales -aparición de nuevos trabajos en Nueva Zelanda y actualización en Francia, Bélgica o Irlanda- y seguimiento de los medios.
«Las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe siguen pendientes de encontrar la respuesta necesaria que las víctimas vienen demandando desde hace tanto tiempo», señala el defensor. «Es indispensable por el bien de las víctimas que Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos».
