El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea regional ha llamado este miércoles al consenso entre los partidos de la Cámara para sacar adelante una «Ley Rhodes madrileña», en similitud con la ley de protección a la infancia y la adolescencia aprobada en el Congreso de los Diputados.
En declaraciones remitidas a los periodistas, la portavoz adjunta de la formación morada, Alejandra Jacinto, ha apuntado que la protección a la infancia en la Comunidad de Madrid es «insuficiente e incluso negligente».
Así se ha referido a las, al menos, tres menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que han sido liberadas de una red de explotación sexual y tráfico de drogas.
«No sabemos si es más grave que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya mentido diciendo que las niñas estuvieran tuteladas o que la Comunidad de Madrid ni siquiera supiera que esas menores estaban bajo su tutela», ha espetado.
Por ello, ha promovido esta iniciativa para «legislar a favor de la infancia y que la Comunidad de Madrid tiene que tener una ley de infancia propia que está pidiendo la sociedad civil desde hace mucho tiempo».
La ley, que también se conoce como ley Rhodes, se estructura en 58 artículos e incorpora una definición amplia de violencia, que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos los castigos físicos o el trato negligente, y convierte a la infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los menores como titulares de derechos subjetivos.
Ha recordado que su grupo (al igual que lo han hecho Más Madrid, PSOE y Vox) ha solicitado la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, quien ya ha pedido a petición propia comparecer en el pleno de la Asamblea.
El mes de enero es inhábil en la Asamblea de Madrid, tanto en plenos como en las comisiones, salvo en casos de urgencia. Por lo que, en principio, Dancausa comparecerá en febrero.
La Comunidad de Madrid negó inicialmente que las menores estuvieran bajo su tutelaje salvo una de ellas, que se encontraba en el centro de Picón del Jarama, cuya dirección denunció el entramado de la red.
En este centro la menor relató la situación en la que se encontraba, lo que derivó en la denuncia de la dirección a la Guardia Civil y desencadenó la investigación policial que comenzó en abril, cuando los agentes descubrieron que una menor se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia.
Durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes.
Otras compañeras de esta menor también realizaban las mismas fugas con el mismo objetivo.
Los integrantes de la banda contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
En algunos casos las obligaban a distribuir ellas mismas la droga, a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores.
En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban al polígono Marconi, donde ofrecían a los compradores de la droga mantener relaciones sexuales con ellas.
La Policía Nacional investiga si hay más niñas implicadas en estas prácticas en centros de menores y si algunos de los trabajadores conocían las circunstancias.
Madrid, 12 ene (EFE)
