Madrid, 9 sep (EFE).- El PP ha pasado a la acción tras la amenaza de dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y después de pedir al Gobierno volver a negociar la renovación, han denunciado el bloqueo ante Bruselas, con cartas a la vicepresidenta de la Comisión Europea y al comisario de Justicia.
El vicesecretario de Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, ha remitido sendas misivas a Věra Jourová y a Didier Reynders, respectivamente, en las que sostiene que siguiendo las recomendaciones europeas el PP ha intentado alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ y le informa de los pasos dados.
Pons les remite una copia de la carta que este viernes ha mandado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que el partido de Alberto Núñez Feijóo pide volver a sentar para acordar la renovación del Consejo con la ley vigente, aunque cumpliendo una serie de condiciones.
El PP propone pactar de forma simultánea la nueva elección del CGPJ y una serie de medidas para regenerar la justicia, incluida una proposición de ley para devolver todas las competencias al Consejo. Y pospone la aprobación de un nuevo modelo de elección. Aunque este partido quiere que los jueces elijan a los doce vocales del turno judicial, pide que el nuevo CGPJ elabore una propuesta para un nuevo sistema.
En la carta de la que Pons envía copia a la Comisión Europea, el PP critica la renovación prevista del Tribunal Constitucional con cuatro nuevos magistrados -dos nombrados por el CGPJ y dos por el Gobierno- denuncia «presiones» y advierte de que la mayoría que se plantea ahora en este tribunal es «abusiva».
Esta acción ha estado acompañada por la carta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, después de que éste amagase con dimitir y en la que manifiesta su voluntad de renovar el órgano pero con perfiles idóneos y dignificando la institución, según ha relatado el presidente de los populares ante los medios.
Fuentes del PP señalan que el Gobierno ha respondido con disciplicencia a su mano tendida y ahora se acude a Bruselas, al entender que el PSOE desoye también las instrucciones comunitarias. Insisten en que es el Gobierno el que debe lograr el consenso y advierten de que el nombramiento de los dos magistrados del Gobierno en el TC agravaría las diferencias.
