Madrid, 21 feb (EFE).- La nueva ley de enseñanzas artísticas superiores que prevé aprobar hoy martes el Consejo de Ministros quiere alinear el sector con los estándares europeos, dar mayor autonomía a los centros y equiparar los estudios artísticos superiores con los universitarios.
Una vez concluya la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, el Gobierno habrá concluido la reforma de todo el sistema educativo (ley Celaá o Lomloe, ley de Formación Profesional, Ley Orgánica del Sistema Universitario y ley de la Ciencia) en una legislatura.
La nueva regulación abarca a un sector cuantitativamente pequeño y muy heterogéneo: 689 centros públicos y privados, 14.000 docentes dependientes de las Administraciones educativas y 140.000 estudiantes.
Su intención es mantener las características de las enseñanzas artísticas, pero al mismo tiempo acercar las superiores al modelo de las universitarias, que también conducen a titulaciones equivalentes, y las profesionales a la nueva Formación Profesional.
Además, pretende garantizar al estudiantado una formación artística de calidad y la adecuada cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes audiovisuales, la conservación y restauración de bienes culturales y las artes plásticas y el diseño.
Otro de sus objetivos es facilitar que los profesores puedan compatiblizar su carrera profesional con la docencia y que puedan dedicar más tiempo a la investigación; que los centros que lo deseen se adscriban a una universidad y creen lo que se denomina «Campus de las Artes», es decir, agrupaciones de centros de distintas enseñanzas y niveles.
El sector llevaba tiempo reclamando un marco normativo estable, integrado y claro, que respondiese a los nuevos requerimientos.
Hace unos días, el presidente de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, Pablo Iglesias, explicó en el Congreso de los Diputados que los conservatorios y escuelas superiores dependen de una normativa que a efectos prácticos equipara su funcionamiento a la de los institutos.
Por ello consideró «inaplazable» que la nueva ley establezca un marco equiparable al universitario y que se les permita disponer de la autonomía necesaria de la que ahora carecen para firmar convenios de colaboración en el ámbito público y privado.
