Madrid, 1 mar (EFE).- El proyecto de ley de bienestar animal llevará de nuevo los perros de caza al debate parlamentario en su nuevo trámite en el Senado, en donde será dictaminada mañana la norma en el seno de la Comisión de Derechos Sociales previo paso al pleno de esta cámara, para su tramitación final.
Este jueves se reunirá la ponencia y posteriormente la Comisión de Derechos Sociales en el Senado para dictaminar el proyecto de ley de bienestar animal y asimismo el de reforma del Código Penal sobre maltrato animal, unas normas que se tramitan por separado pero en paralelo.
Está previsto, según el calendario inicial, que el debate final de ambas iniciativas en el pleno del Senado sea el miércoles de la próxima semana, dado que se tramitan por vía urgente y la fecha límite está fijada para el día 9 de marzo.
En el caso de que finalmente se incorporara alguna enmienda a estos proyectos de ley ahora en el Senado las iniciativas pasarían de nuevo al Congreso para su ratificación final.
De no incluirse nada, las normas quedarían definitivamente aprobadas en el Senado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque para su entrada en vigor sin embargo con carácter general, habría que esperar todavía seis meses, es decir, al menos hasta el verano, y más tiempo aún para los aspectos con moratoria.
A su llegada al Senado, tras su paso por el Congreso, el proyecto de ley de bienestar animal ha registrado cuatro propuestas de veto para la devolución del texto al Gobierno por parte de PP, PNV, Vox y UPN, una de cada uno de ellos, además de 449 enmiendas parciales al articulado, del conjunto de los grupos.
Junto a este proyecto de ley, dirigido a la protección de los animales domésticos y silvestres en cautividad, se tramita otro para la reforma del Código Penal sobre maltrato animal, que a su vez ha registrado en el Senado dos propuestas de veto, una del grupo popular y otra de Vox, además de 76 enmiendas parciales al articulado.
La reclamación de los perros de caza ha enfrentado durante meses en la fase previa en el Congreso a la formación Unidas Podemos -que carece de representación en el Senado- con el grupo socialista partidario de excluir a los perros de caza del proyecto de ley de bienestar animal.
La exclusión del texto original ha sido posible gracias a una enmienda transaccionada del PSOE con el apoyo de PP y Vox, pero con el rechazo de Unidas Podemos, una formación esta última que sin embargo, sí ha dado su apoyo al conjunto de la norma sin los perros de caza en su trámite en el Congreso.
Dicha enmienda socialista con el argumento según este grupo, de que su contenido es el pactado con el sector rural y del campo, fue presentada por el PSOE al proyecto de ley de bienestar animal, impulsado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Podemos, poco después de la aprobación del texto original en Consejo de Ministros.
Entre las enmiendas parciales registradas en el nuevo trámite en el Senado, el grupo parlamentario ERC y Bildu propone no excluir los espectáculos taurinos de la protección de esta regulación, no sacar a los perros de caza del amparo del proyecto de ley o revertir la anulación de la derogación de la ley 50/1999 sobre animales potencialmente peligrosos (PPP) para hacerse efectiva su supresión una vez que el reglamento sea aprobado.
La idea de esas formaciones que también respaldan Unidas Podemos y PSOE es ajustar la normativa para mejorar la clasificación de los perros de “especial manejo”, de acuerdo a sus comportamientos individualizados y no solo por la raza a la que pertenezcan.
De hecho, para garantizar la seguridad en las relaciones sociales de esos animales la nueva regulación exige a las personas titulares junto con sus perros, entre otras medidas, realizar un “test” o prueba para valorar la verdadera naturaleza del animal en sus conductas.
Desde los partidos de la derecha, el grupo popular ha presentado sendos vetos para pedir la devolución de ambos proyectos de ley sobre protección animal en tramitación en el Senado, tras lamentar que no se haya involucrado a los sectores afectados en su desarrollo y porque considera que se anteponen “otros intereses” al bienestar de los animales.
Esa misma formación reprocha también que “el legislador estatal pretenda cuestionar las regulaciones autonómicas o imponer su criterio”.
Vox por su parte argumenta en sus vetos que no se pueden dar derechos a los animales y considera “desproporcionada” la batería de medidas de “control, obligaciones, restricciones y sanciones” para los propietarios, a los que se presupone “maltratadores”, según lamenta dicha formación.
Por su parte, el PNV rechaza el proyecto de ley de bienestar animal por motivos competenciales preferentemente, y discrepa del conjunto de esta regulación por su “carácter centralizador y reglamentista”.
