Los populares aseguran que esta reducción de jornada de los funcionarios es de 2,5 horas semanales
El Partido Popular de Alcorcón ha denunciado que el actual Gobierno municipal incumple la ley, con tal de realizar mejoras en la situación de los funcionarios locales. Como no puede ser de otra manera, el Grupo Popular apoya firmemente cualquier mejora siempre que esté regulada y amparada por la ley.
Según han interpretado los miembros de este partido de la oposición, «esta decisión ilegal se toma para pagar el segundo peaje político necesario para afianzarse en el sillón de alcaldesa, un acuerdo entre el gobierno del PSOE y sus socios de extrema izquierda, que no contempla ni a la policía local y ni a bomberos».
«En cuanto a efectividad y tiempo de trabajo, los servicios municipales se pueden ver resentidos, ya que esta reducción de jornada puede llegar a generar un equivalente como, si prescindiéramos de unos 80 trabajadores anuales además de suponer un gasto de unos tres millones y medio de euros a todos los vecinos», han argumentado los populares.
Gómez: «No permitiremos que se cometan ilegalidades»
Asimismo, el PP ha seguido informando de la situación afirmando que este Ayuntamiento se encuentra sujeto a un plan de ajuste provocado por la ruina que se generó en el pasado Gobierno socialista (2003-2011). Por ello, las medidas que se proponen para los funcionarios no se ajustan a la ley de estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento de Alcorcón no atiende a la norma y deja sin control esa reducción de jornada, lo que es una ilegalidad adicional.
Tal y como asegura la portavoz popular, Ana Gómez, “no permitiremos que se cometan ilegalidades. Es una decisión política que no se ajusta a la ley que pagaran todos los vecinos con una amplia subida de impuestos como aseguró la concejal de Hacienda en el pleno de ayer.”
Esta decisión es, a todas luces, una cortina de humo que, de momento, no saben ni cómo se racionalizará el trabajo de los funcionarios, ni cómo se controlarán los horarios de estos empleados públicos, que dispondrán de 2,5 horas para realizar actividades deportivas, o poder tener tiempo para preparar su jornada laboral a diferencia del resto de vecinos de la ciudad, creando unos privilegios solo para unos pocos. Los vecinos serán sin lugar a dudas, los mayores afectados de esta decisión. Ya que verán mermados los servicios municipales.