El número de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en situación de aislamiento por la COVID-19 se ha reducido un 62 % en el último mes, hasta los 2.603, y un 138 % respecto a principios de abril, cuando la cifra alcanzó el pico de los 6.165.
Dos meses y medio después de decretado el estado de alarma, de los 179.891 efectivos de esta administración, el 58,5 % (105.282) trabaja en modalidades no presenciales (teletrabajo, trabajo remoto, teléfono) y el 32 % lo hace de forma presencial (57.583), fundamentalmente personal de los servicios esenciales, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
A estos se suman los 1.023 empleados públicos voluntarios en servicios sociosanitarios y protección de colectivos vulnerables, más el personal de permiso o baja.
Para preparar la llamada por el Gobierno «nueva normalidad», la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, suscribió el 4 de mayo, un acuerdo con los representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y CIG, integrados en la Mesa General de Negociación.
Los objetivos de las medidas pactadas son la protección de la salud del personal, priorizar el trabajo no presencial, la atención al público preferentemente telemática y la flexibilización horaria.
Según el ministerio, la actividad en la administración estatal ha continuado prácticamente a un «ritmo normal», con 103.713 reuniones celebradas desde el pasado 10 de marzo, todas ellas telemáticas.
Asimismo, los cursos celebrados por medios electrónicos casi triplican a los aplazados: 5.198 cursos telemáticos realizados frente a 1.807 que se han tenido que aplazar.
Por otro lado, de las 3.086 oficinas de atención presencial, 2.242 (72,6 %) funcionan con cita previa y, de ellas, ya están abiertas 314.
Fuente: © EFE 2020
