Los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital no tendrán que desplazarse presencialmente a las oficinas municipales para obtener el certificado de empadronamiento que requiere la tramitación de esta prestación social
El Ayuntamiento de Leganés y la Dirección Provincial del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) han establecido un protocolo de colaboración para que los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital no tengan que desplazarse presencialmente a las oficinas municipales para obtener el certificado de empadronamiento que requiere la tramitación de esta prestación social.
Mediante el procedimiento establecido los solicitantes podrán dar al INSS su consentimiento para que este organismo pueda recabar esa información del Ayuntamiento, que lo remitirá directamente a la Dirección Provincial del INSS que es quien tiene encomendada la resolución de las solicitudes que se presenten en Madrid para acceder al Ingreso Mínimo Vital.
Este procedimiento es similar al que se ha utilizado para la matriculación en centros docentes durante este año. En este caso, la información y la documentación necesaria para la matriculación relacionada con el Padrón Municipal de Habitantes han sido remitidas directamente a los centros, según lo acordado en el Servicio de Apoyo a la Escolarización. De esta forma los padres o tutores no han tenido que desplazarse a las oficinas municipales o solicitar por medios telefónicos o telemáticos el correspondiente justificante de empadronamiento para su entrega junto con la solicitud de admisión.
Esta práctica responde a un mandato legal establecido por la ley 39 de 2015. Según informa la Concejala Delegada de Salud, Consumo, Régimen Interior y Transparencia, Concepción Saugar Vera, “el Ayuntamiento de Leganés tiene intención de impulsar todos los procedimientos en los que otras administraciones públicas requieran información o documentación existente en el Ayuntamiento”.
Concepción Saugar recalca que el cumplimiento estricto de esta norma estatal tiene que ser un objetivo irrenunciable de todas las administraciones. “Mucho más en una situación como la actual en la que la atención presencial y el contacto físico suponen un riesgo latente para la salud de la ciudadanía”, ha indicado.
