Málaga, 26 sep (EFE).- La Diócesis de Málaga ha asegurado que hasta este lunes no tuvo constancia de los supuestos abusos sexuales por los que un sacerdote de 34 años ha ingresado en prisión, cuando la Policía comunicó que había sido detenido por agredir a al menos cuatro mujeres, sedarlas y grabarlas.
El portavoz del Obispado, Antonio Moreno, ha explicado a EFE que el pasado mes de agosto la mujer que decía ser pareja sentimental del sacerdote les habló de unos vídeos, pero sin saber el contenido, y que se le instó a que lo denunciara.
Moreno ha insistido en que no eran conocedores del contenido de las imágenes ni de la gravedad de los hechos, pero este lunes, en cuanto se enteraron de los supuestos delitos, le retiraron las licencias ministeriales, lo que supone no disponer de permiso para ejercer como sacerdote y administrar los sacramentos.
Este es el primer paso para un proceso canónico que podría llevar al cura a la inhabilitación para toda la vida, ha precisado Moreno.
La investigación se inició en agosto después de que una mujer denunciara en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que en el domicilio que compartía con su pareja sentimental -el cura- había localizado un disco duro que contenía fotografías y vídeos donde aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante.
En ese mismo mes, antes de ir a la Policía, la mujer lo comunicó a la Diócesis de Málaga e inmediatamente se le pidió que lo denunciara ante los agentes, ha insistido Moreno.
El Obispado ha expresado este martes su «condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer».
Su portavoz ha lamentado el daño que esta situación implica y ha subrayado que ofrecerán toda la colaboración y cooperación que necesite la Policía y las personas que se sientan afectadas por «esta lacra del abuso contra la mujer».
Moreno ha señalado que están a disposición de aquellas personas que hayan recibido algún sacramento por parte de este religioso y necesiten hablar, y ha recordado que «el pecado personal de un sacerdote no afecta y es independiente a la validez del sacramento».
El investigado fue ordenado sacerdote en 2017, fue párroco en una iglesia de Melilla y a principios de este año fue destinado a Málaga.
En enero, la denunciante advirtió que tenía una relación con el sacerdote, quien pidió a la Diócesis un traslado a Málaga por motivos de salud. En esos momentos nada hacía sospechar los hechos que ahora se han conocido.
La investigación continúa abierta y los agentes que analizan el material que se incautó en el actual domicilio del sacerdote, en Vélez-Málaga (Málaga), no descartan que haya más víctimas en Melilla, Málaga o Córdoba, lugares en los que el arrestado ha residido.
Por otra parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada que se investigan hechos «muy lamentables» y que aún se están practicando diligencias.
Fernández ha rehusado opinar sobre la gestión de los hechos por parte del Arzobispado y ha resaltado la gravedad de que el detenido utilizase su posición como sacerdote para cometer los posibles delitos, lo que incluiría un agravante de prevalencia.
