Madrid, 15 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al jefe del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria «urgente» de la Conferencia de Presidentes para abordar los efectos de los acuerdos adoptados para su investidura, que se celebra este miércoles y jueves.
Ayuso se une a otros barones del PP que ya han reclamado la celebración de este órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades, por lo que la presión de los presidentes autonómicos del PP podría forzar a Sánchez a su convocatoria, dado que el reglamento de la Conferencia contempla que puede ser convocada a petición de diez autonomías.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado la petición de Ayuso para que Sánchez clarifique los acuerdos con sus socios y cuál es «el peaje por siete votos» para que sea reelegido, y tras el «clamor» de las manifestaciones del pasado domingo en toda España contra la amnistía.
«Es una obligación reglamentaria y moral», ha expresado García Martín.
Mientras tanto, los servicios jurídicos del Gobierno madrileño están estudiando el texto de la ley de amnistía pactada con las formaciones independentistas catalanas, contra la que, previsiblemente, el Ejecutivo regional interpondrá recurso, si bien García ha precisado que no podrá hacerse hasta que el proyecto sea aprobado.
Tras el apoyo garantizado de Junts y ERC y Bildu, además de Sumar, PNV, BNG y Coalición Canaria, Ayuso exige a Sánchez que convoque a los presidentes autonómicos ante los «trascendentales perjuicios» que pueden traer los acuerdos de investidura, a su juicio, para el conjunto del país.
Ante «la preocupación e inquietud de la sociedad española y, particularmente de la sociedad madrileña, y a la vista de los acuerdos», Ayuso pedirá a Sánchez en su solicitud que «informe y dé traslado al conjunto de los presidentes autonómicos, y, a través de ellos, a toda la ciudadanía española, sobre el alcance y los efectos que tendrán los contenidos y condiciones asumidos con el único objetivo de alcanzar esa investidura a un coste inasumible para la sociedad española».
El acuerdo de Sánchez con sus socios, según la dirigente del PP madrileña, señala que «aspectos como la igualdad entre todos los españoles ante la ley, el principio de legalidad, separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares que cimentan la convivencia en nuestro país, pueden verse seriamente comprometidos con trascendentales perjuicios para el conjunto de la Nación».
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se manifiesta «de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, y defiende el justo y equitativo trato que ha de esperarse por parte un Gobierno de España actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho».
«Resulta una obligación ética y política reclamar ese justo trato, que no puede verse comprometido por la asunción de compromisos incompatibles con el interés general, y en particular con el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid», añade.
