Barcelona, 22 nov (EFE).- Cataluña sigue a la espera de que el Gobierno le dé luz verde para aplicar la contención de los alquileres cuando se cumplen, este miércoles, tres meses desde que el Departamento de Territorio remitiera al Ministerio de Transporte los 140 municipios en los que quiere limitar el alza de los precios.
Tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, la Generalitat inició el pasado 22 de junio los trámites para aplicar la norma, ya que deben ser los gobiernos autonómicos quienes soliciten, si así lo creen oportuno, acogerse a la normativa.
Cataluña es, hasta la fecha, la única autonomía que lo ha requerido y difícilmente se sumará ninguna otra, ya que las once comunidades gobernadas por el PP han dejado claro que no prevén aplicar esta norma.
El pasado 22 de agosto, el ejecutivo catalán envió al Ministerio de Transportes la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, unas áreas en las que, si se recibe la luz verde de la administración central, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años.
Además, cuando se trate de un gran tenedor, es decir, con cinco o más inmuebles en propiedad, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler.
La legislación estatal prevé que, una vez comunicada la propuesta de la comunidad autónoma, el ministerio debe publicar en un plazo máximo de tres meses una resolución que recoja la relación de las áreas de mercado residencial tensionado declaradas.
Con todo, desde Transportes se consideró que el plazo no comenzó a correr el pasado 22 de agosto, ya que según su versión la documentación remitida por la Generalitat era incompleta, de acuerdo con las fuentes consultadas por EFE.
Los escollos que han retrasado la luz verde por parte del ministerio son dos: por un lado, la citada validación de las zonas tensionadas, para la que el ministerio ha pedido al Govern que adjunte previamente un plan de acción, mientras que el ejecutivo catalán considera que ello no es necesario; por otro, la conformación de un índice de precios estatal, ya que el Govern se basa en datos de su empresa pública Incasòl y el ministerio sostiene que necesita una base común para el conjunto de autonomías.
Ello, en un contexto postelectoral y de conformación de un nuevo Gobierno, lo que ha dificultado avanzar en la materia.
En el nuevo Ejecutivo formado por Pedro Sánchez, las cuestiones que en Cataluña son competencia del Departamento de Territorio se dividen en dos: lo relativo a vivienda recae en Isabel Rodríguez, nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana; e infraestructuras, en Óscar Puente, titular desde este martes de Transportes y Movilidad sostenible.
Los alquileres, disparados
En Cataluña, el alquiler medio del segundo trimestre de 2023 alcanzó los 830,3 euros al mes, según los últimos datos disponibles de las fianzas depositadas en el Incasòl. Por provincias, las medias son de 910,8 euros en la de Barcelona, 638,3 euros en la de Girona, 570,4 euros en la de Tarragona, y 475,4 euros en la de Lleida.
En la ciudad de Barcelona, el alquiler no deja de crecer y se situó en el segundo trimestre de este año en 1.123,5 euros al mes, un 3,3 % más que en el trimestre anterior y un 12,7 % más que un año antes.
No solo la Generalitat reclama celeridad en la aplicación de la norma, sino también el gobierno municipal de la capital catalana, ahora en manos socialistas. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona, con voto a favor del PSC, ha pedido recientemente al Gobierno español que agilice y permita «de forma inmediata» aplicar la norma.
Cataluña ya reguló los alquileres en 2020 durante un año y medio, en ese caso mediante una ley autonómica que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional. El tiempo en el que estuvo vigente coincidió con la irrupción de la pandemia, lo que ha dado lugar a valoraciones dispares sobre su impacto.
Además, el Tribunal Constitucional debe resolver sobre la constitucionalidad de la nueva norma estatal tras admitir a trámite en septiembre el recurso del PP, así como aquellos de los gobiernos de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía por considerar que invade sus competencias.
De hecho, ERC, que comanda en solitario el Govern, resultó clave para que la ley fuera aprobada en el Congreso, pero en el Parlament votó a favor de presentar un recurso de inconstitucionalidad después de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminara que diversos artículos y disposiciones vulneran las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo que fija el Estatut.
