San Salvador, 5 dic (EFE).- La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, indicó este martes que espera que la comunidad internacional no valide medidas aplicadas en El Salvador que violan los derechos humanos para replicarse en otros países.
AI presentó en San Salvador un informe en el que se acusa al Gobierno de Nayib Bukele, ahora candidato a la reelección inmediata, de restringir y vulnerar «los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura» y de ejercer violencia contra comunidades empobrecidas.
«Eso es lo que queremos tratar de sacar a la luz y que la comunidad internacional no caiga en esa complacencia o incluso en validar ciertas medidas como ejemplo a seguir en nuestros países», dijo en una conferencia de prensa.
Añadió que este tipo de medidas «es algo que debiera denunciarse, visibilizarse y poner presión para que se deje de cometer estos hechos y de actos».
Piquer afirmó, junto a representantes de 6 organizaciones humanitarias salvadoreñas, que «han constatado violaciones a derechos humanos», principalmente en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Dicho régimen, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en el Congreso (Parlamento) a petición del Ejecutivo de Bukele tras una escalda de asesinatos que se cobró la vida de 80 personas en tres días y fue atribuida a las pandillas. Esta medida se ha ampliado en 20 ocasiones por períodos de 30 días.
La representante de AI señaló que se han detectado «patrones claros de desaparición forzada, de detenciones arbitrarias, de vulneraciones al debido proceso, de tortura y malos tratos en detención y de muertes».
«No es posible un sistema de seguridad exitoso violando derechos humanos de forma masiva, en definitiva, lo que se está haciendo es una cuasi solución de corto plazo, que no es sostenible en el tiempo», acotó.
También advirtió que, de acuerdo con el informe «Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador» presentado hoy, la violencia estatal desplaza paulatinamente de las pandillas en las comunidades empobrecidas.
«La suspensión de derechos está afectado de manera desproporcionada a personas en situaciones de exclusión y precariedad económica, lo que nos levanta la alerta de una gradual sustitución de la violencia de la violencia pandilleril por violencia estatal», sostuvo Piquer.
Y agregó que la muerte de más de 190 personas detenidas en el marco del régimen de excepción en las prisiones se dieron «muy probablemente como resultado de la tortura».
Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), también pidió a la comunidad internacional «una postura firme y coherente» sobre la situación salvadoreña.
Las organizaciones humanitarias han documentado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 190 muertes bajo custodia del estatal y más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos en 21 meses de régimen de excepción.
