San Sebastián, 18 ene (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que el caso Bateragune, por el que cumplió seis años y medio de prisión, fue un caso de ‘lawfare’ (persecución judicial con fines políticos) urdido para evitar el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y garantizar que ETA siguiera activa.
Otegi ha comparecido en la sede de EH Bildu de San Sebastián acompañado por Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta, también condenados por el caso Bateragune, el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. No ha acudido la quinta procesada, Sonia Jacinto, por culpa de un «accidente doméstico sin gravedad», ha aclarado el líder abertzale.
El Tribunal Constitucional ha cerrado definitivamente el procedimiento al decidir este miércoles que no se repita el juicio por este caso, cuyas condenas fueron anuladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que consideró que se había vulnerado su derecho a un juez imparcial.
El Supremo ordenó celebrar un nuevo juicio al entender que las defensas y acusaciones tienen derecho a una resolución sobre el fondo del asunto ya que la nulidad de la primera vista ordenada por Estrasburgo no es sinónimo de absolución, pero los condenados recurrieron al TC porque solo querían que se declarase que el juicio se produjo con un juez parcial.
Una vez cerrado este proceso, Otegi ha celebrado la decisión del Constitucional, pero ha recordado que han transcurrido 15 años desde que fueron detenidos.
«Han sido 15 años de persecución política y de ‘lawfare'», ha denunciado el dirigente de EH Bildu, quien ha insistido en que ahora se utiliza ese concepto en Cataluña, pero en Euskadi esta práctica y la «violencia del Estado» se conocen «desde hace muchos años».
Otegi ha manifestado «con absoluta crudeza» que con esta operación «el Estado quería impedir que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política». «Por eso nos quitaron de la circulación a los que estábamos trabajando para que eso ocurriera», ha añadido.
También pretendía -ha abundado- «neutralizar el potencial político del movimiento independentista». «No había razones jurídicas sino de estrategia política», ha añadido.
A su juicio, el caso Bateragune es la «historia de un ‘lawfare’ y la historia de un fracaso», ya que actualmente ETA ya no existe y la izquierda abertzale cuenta con mayor respaldo electoral que nunca.
Ha recordado que en 2021 la izquierda abertzale, en su denominada ‘Declaración del 18 de octubre’, reconoció su responsabilidad en parte del sufrimiento vivido en Euskadi y afirmó que «nunca debió haber sucedido».
Del mismo modo, Otegi ha considerado que «los sectores que han tenido que ver con múltiples sufrimientos» en el País Vasco deberían hacer una reflexión similar.
«Que sean capaces de reconocer que han hecho de todo, desde torturar, la guerra sucia, el ‘lawfare’…», ha reclamado el dirigente de EH Bildu, quien ha aclarado que no se trata de iniciar una persecución penal por estas actuaciones ni de acumular reproches, sino de «asentar una convivencia justa y verdadera en este país».
También cree que el Estado debe darse cuenta de que no es posible neutralizar el independentismo vasco o catalán «en términos antidemocráticos», por lo que ha instado a reconocer la plurinacionalidad de España y a aceptar la decisión que adopten sobre su futuro los ciudadanos de cada nación.
Respecto a posibles reclamaciones por los años pasados en prisión por una sentencia posteriormente anulada, Otegi ha afirmado que de momento han expuesto una lectura política y que ese tipo de cuestiones técnicas están en manos de los abogados.
