París, 25 ene (EFE).- Tras varios días de protestas, manifestaciones y cortes de carreteras a lo largo de toda Francia, los agricultores amenazaron este jueves con bloquear París si las medidas que el viernes anunciará el Ejecutivo no colman sus expectativas.
Con el presidente, Emmanuel Macron, de visita a India, la pelota está ahora en el tejado del recién nombrado primer ministro, Gabriel Attal, que a lo largo del día multiplicó las reuniones para buscar frenar una crisis que va cobrando fuerza.
Como en los últimos días, los tractores ocuparon numerosas carreteras del país, provocando una ralentización del tráfico, a lo que se suman cortes de carreteras y controles de camiones para denunciar la importación de productos agrícolas de otros países y la competencia desleal.
Pero si hasta ahora la protesta se había mantenido en los entornos rurales y en ciudades de mediano tamaño, el movimiento ha colocado en el punto de mira la capital.
Las secciones de la región de París de los dos principales sindicatos agrícolas, la conservadora FDSEA y la progresista Jóvenes Agricultores, anunciaron acciones de «bloqueo» de la ciudad a partir de la tarde de este viernes.
Para ello, lanzaron un llamamiento a los campesinos para ocupar las principales autovías que conducen a París, con la intención de que la protesta cobre intensidad y repercusión, dentro del movimiento generalizado en el resto de Europa.
Hasta ahora, los agricultores han logrado atraer la atención de la opinión pública, que apoya sus reivindicaciones -según los sondeos-, a través de acciones concretas como el lanzamiento de purín sobre delegaciones del Gobierno y supermercados o el corte de carreteras.
Además, el registro de camiones con mercancía procedente de otros países ha sido generalizado en algunos puntos de Francia, donde muchas de esas cargas, como frutas o vino procedentes de España, fueron desvalijadas en protesta por lo que consideran una competencia desleal.
«Competir con las mismas armas»
Ahí reside una de las principales reivindicaciones de los agricultores, que creen que el Ejecutivo francés les pone demasiadas trabas para que puedan competir en pie de igualdad con los productos de otros países.
«Queremos competir con las mimas armas», repetían los campesinos en los diferentes puntos de protesta repartidos por el país, donde también quieren una simplificación administrativa y repensar algunas normas europeas que, consideran, les perjudican.
En total, los sindicatos presentaron este miércoles 40 reivindicaciones al Gobierno que, avisaron, «no son negociables» y que están ya en la mesa de Attal.
El primer ministro, que cumple su tercera semana en el cargo, anunció que acudiría a una zona rural del sur del país, el más movilizado, para anunciar las medidas para responder a ese descontento.
Será una prueba de fuego para el jefe de Gobierno más joven de la historia de Francia, que llegó con la tarea de regenerar el mandato de Macron, empantanado en una baja popularidad año y medio después de su reelección.
Desactivar esta protesta aparece como clave para el «macronismo» de cara a las elecciones europeas de junio próximo, cuando todas las encuestas auguran un nuevo triunfo de la extrema derecha, como ya sucedió en 2019.
Tanto el cabeza de lista de la ultraderecha, Jordan Bardella, como la líder del movimiento, Marine Le Pen, han multiplicado en los últimos días los guiños a los agricultores y muchos medios de comunicación ven su mano detrás de las combativas acciones del sindicato Coordinación Rural, que aunque no es el más representativo sí está siendo el más violento.
Su sello está tras algunas de las protestas que han atraído más atención mediática, como el bloqueo de la delegación del Gobierno en Agen, en el suroeste del país, en cuya puerta quemaron neumáticos y lanzaron purín y basura.
Attal ha querido dar la imagen de que aborda con todas sus fuerzas el problema. Envió a su ministro de Economía, Bruno Le Maire, a asistir a las negociaciones con los grandes grupos de supermercados y filtró algunas de las medidas que tomará mañana, como la simplificación de las ayudas al gasóleo agrícola o la revisión de algunas de las normativas europeas. EFE
