Bruselas, 31 ene (EFE).- La Comisión Europea ha desmentido este miércoles que haya abierto una nueva investigación sobre el proyecto de ley de amnistía en España más allá de la evaluación habitual de las legislaciones en los Estados miembros que ya lleva en marcha varias semanas y en la que se comprueba si está en consonancia con los estándares europeos.
La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo había anunciado esa supuesta investigación basándose en que la Comisión Europea le había denegado acceso a las preguntas que remitió al Gobierno español sobre el proyecto de ley de amnistía al existir una evaluación en curso por parte de Bruselas.
«La publicación de los documentos solicitados socavaría la protección del objetivo de las investigaciones en curso», rezaba la respuesta de la Comisión al jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez.
Fuentes de la Comisión Europea han confirmado a EFE que «no hay ningún cambio» ni «nada nuevo» respecto a la evaluación que está haciendo Bruselas sobre la ley de amnistía y que la solicitud de acceso a documentos «se denegó porque ha habido intercambios (entre el Gobierno y la Comisión) y hay un análisis en marcha».
El término «investigaciones» se emplea para las excepciones a las que puede acogerse Bruselas para denegar acceso a documentos, tanto si forman parte de una investigación propiamente dicha, una auditoría o un informe judicial.
No se refiere, inciden estas fuentes, a una investigación por separado o en mayor profundidad que la evaluación que está ya en curso.
La Comisión Europea se demoró un mes, más del doble del plazo legal, en enviar esta respuesta a Vázquez, que ahora puede recurrir y también llevar al Ejecutivo comunitario ante el Defensor del Pueblo Europeo o ante el Tribunal de Justicia de la UE para insistir en que se le entreguen los documentos.
En rueda de prensa, Vázquez ha asegurado que «nunca había visto a la Comisión solicitar un nivel de información tan elevado» sobre una ley y que estas peticiones de información evidencian, a su juicio, que el Gobierno no decía la verdad cuando se refería a que sólo había «intercambios informales» con Bruselas sobre la ley de amnistía.
