Redacción América, 27 abr (EFE).- La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina y el Caribe obliga a millones de trabajadores a buscar una vía laboral informal para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.
Desde México hasta Paraguay, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales y sociales que impactan profundamente en la calidad de vida de los adultos mayores.
México: la mitad del trabajo es informal
La situación de las pensiones en México refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población activa.
Con una pensión mínima que apenas supera los 6.000 pesos mensuales (unos 350 dólares), muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de 7.468 pesos (unos 435 dólares).
El Congreso mexicano evalúa actualmente una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100 % para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17.000 pesos (unos 990 dólares) mensuales.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes, con los votos oficialistas, una reforma de las pensiones que beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado, así como la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40.000 millones de pesos (2.333 millones de dólares) que busca que el Estado garantice jubilaciones con 100 % del último sueldo.
Argentina o la necesidad de seguir trabajando para los jubilados
En un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287,9 %), el 65 % de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en abril ha sido de 171.217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a los 241.000 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por la situación de emergencia.
Este ingreso, que representa un 82 % del salario mínimo legal en Argentina, actualmente situado en los 202.800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.
A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a seguir trabajando después de alcanzar la edad de retiro.
De acuerdo a datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2023, sobre un total de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4,4 % eran mayores de 65 años.
En Brasil se duplicaron los pensionistas que trabajan
Con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente.
En Brasil el salario mínimo es de 1.412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe un 64 % de los pensionistas.
Aunque no hay estadísticas exactas del número de pensionistas que trabajan en el país, según datos oficiales, en 2023 había 7,4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un 12 % más que el año anterior.
Chile, el inventor de la capitalización individual
En Chile, el sistema de pensiones establecido en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10 % de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470.000 pesos (unos 531 dólares).
Este problema se agrava debido a las características del mercado laboral chileno, marcado por la inestabilidad y los bajos salarios.
La falta de estabilidad laboral genera lo que se conoce como «lagunas previsionales», períodos en los cuales los trabajadores no cotizan y, por ende, no ahorran lo suficiente para su jubilación.
Además, los bajos sueldos limitan su capacidad de ahorro, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan discriminación salarial y dificultades adicionales para acceder a empleos estables y bien remunerados.
Esta situación lleva a una alta proporción de personas a continuar trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación.
Perú, Bolivia o Paraguay: la mayoría carece de sistema de pensiones
En Perú, la situación no es menos preocupante. La pensión media es de 500 soles (133 dólares), mientras que el salario mínimo es 1.025 soles. Con la mayoría de los adultos mayores sin acceso a un sistema de pensiones formal, y una gran proporción trabajando en la informalidad, la jubilación se convierte en un lujo para muchos.
Aunque se han implementado programas de asistencia social, como Pensión 65, la realidad es que los ingresos de los adultos mayores son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70% del salario referencial, enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.
En un país de 12,2 millones de personas, el número de jubilados que reciben pensión es de apenas 220.000, un 68 % de los cuales perciben una prestación menor a 6.000 bolivianos, (unos 862 dólares).
Aunque el sueldo mínimo es de 2.362 bolivianos (unos 342 dólares), lo cierto es que el 80 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, según Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Paraguay, la cobertura de la seguridad social es de apenas el 24,5 %, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 61 % de la población total, dejando a una gran proporción de la población sin acceso a un sistema de pensiones formal.
En un país donde el salario mínimo es de 2.000.000 de guaraníes (unos 269 dólares), existen dos pilares para el régimen de protección social, uno contributivo, que se financia con aportes de los trabajadores, y otro no contributivo, que recibe fondos del erario público.
La realidad de las pensiones en América Latina es un reflejo de las profundas desigualdades y dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos en la región.
