Madrid, 8 may (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy ha reivindicado este miércoles en declaraciones a EFE el derecho de los consumidores a saber si cuando compran un bien o un servicio «están contribuyendo» directa o indirectamente a «financiar violaciones de derechos humanos».
Bustinduy ha realizado estas declaraciones el mismo día en el que su Ministerio ha anunciado el envío de cartas a empresas españolas establecidas en Israel para pedirles que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades «contribuyan al genocidio» en los territorios palestinos ocupados, «incluyendo la Franja de Gaza».
Asimismo, Derechos Sociales ha instado a estas compañías a que rindan cuentas sobre las acciones adoptadas para prevenir cualquier consecuencia negativa que su actividad económica ocasione en la situación que vive la zona.
Esta información debe llegar tanto al Gobierno como a los consumidores en España, que deben «tener conocimiento» de las medidas implementadas, según el ministro.
«Lo hemos hecho porque es un mandato del derecho internacional, también de los objetivos de desarrollo sostenible, y porque hace ya tres meses que la Corte Internacional de Justicia instó a los Estados a tomar todas las acciones que sean necesarias para evitar, impedir y detener el genocidio en curso», ha defendido Bustinduy.
En esta línea, el ministro ha señalado que los actores económicos y las empresas «deben asegurarse de que en todos los puntos de la cadena de valor su actividad no constituye, ni directa ni indirectamente, a violaciones de derechos humanos».
Bustinduy ha puntualizado que, de momento, este procedimiento se encuentra «en el primer paso», es decir, el envío del requerimiento. «En base a las respuestas que recibamos, actuaremos», ha resaltado el ministro, quien asegura que el Gobierno tomará «las actuaciones que sean pertinentes».
Israel emprendió una ofensiva militar en la Franja a raíz del ataque del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás del pasado 7 de octubre, cuando asesinó a 1.200 personas y secuestró a 250.
Las operaciones israelíes han causado hasta el momento cerca de 35.000 muertos y más de 78.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.
La carta del ministro español recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para «impedir el genocidio en la Franja de Gaza».
Además, expone distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí se abstengan de «cometer violaciones graves de los derechos humanos o contribuyan a las mismas».
Bustinduy también ha explicado que la petición de información responde a la preocupación que el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, le mostró recientemente en una reunión sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los territorios ocupados.
