El Ayuntamiento de Madrid trabaja en la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sustituirá al vigente desde 1997
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, junto con el delegado de Urbanismo Borja Carabante y la vicealcaldesa Inma Sanz, lideran esta iniciativa que busca adaptar el urbanismo de la capital a las necesidades actuales. El gran reto es que el 98,5% del suelo urbano de la ciudad ya está desarrollado, lo que obliga a encontrar «soluciones imaginativas«, según Almeida.
Rehabilitación y regeneración urbana
Ante la escasez de suelo urbano, la clave del nuevo PGOU será la flexibilidad de usos y la rehabilitación del parque existente. Martínez-Almeida ha señalado que muchos usos del plan de 1997 ya no se ajustan a la realidad actual. Además, el 70% de los edificios de Madrid son anteriores a 1980 y necesitan adaptarse a nuevas exigencias de eficiencia energética y mejora del espacio público.
Madrid Nuevo Sur: la gran transformación urbana
Una de las grandes apuestas del nuevo plan será Madrid Nuevo Sur, que se desarrollará en los terrenos de El Alboñigal. Este proyecto busca replicar el éxito de Madrid Nuevo Norte y conectará parques importantes en el sur de la ciudad. El área incluye infraestructuras ferroviarias y colinda con parques empresariales, presentando una oportunidad significativa para la revitalización urbana.
La nueva centralidad del este y otras áreas
Otro ámbito relevante es la Nueva Centralidad del Este, cerca del Estadio Metropolitano, que podría albergar hasta 20.000 viviendas. Sin embargo, el futuro de esta área aún es incierto y dependerá de los desarrollos urbanísticos y las decisiones políticas futuras.
Largos plazos y colaboración interadministrativa
El proceso de aprobación del nuevo PGOU será largo, con un trabajo estimado de seis años. Se espera que antes del fin de la actual legislatura se tenga un borrador, y que el plan pueda ser aprobado definitivamente en los primeros años de la siguiente legislatura. Será crucial la colaboración con otras administraciones, como el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, para asegurar un marco jurídico estable que permita la flexibilidad de usos y evite un urbanismo estático.
