Con una inversión cercana a 700.000 euros, el acuerdo con el Colegio Oficial de la Psicología busca agilizar la tramitación de más de 800 informes y mejorar la tutela judicial efectiva
La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo para mejorar la eficacia en la tramitación de informes psicosociales en los órganos judiciales mediante la firma de un nuevo convenio con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM). El acuerdo, formalizado este 27 de agosto en la Real Casa de Postas, contará con un presupuesto de casi 700.000 euros y tiene como objetivo agilizar la emisión de más de 800 informes durante el año en curso.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el decano del COPM, José Antonio Luengo, han sido los encargados de rubricar el convenio. García Martín ha subrayado la importancia del acuerdo, afirmando que “el Gobierno regional está comprometido en facilitar que las causas judiciales que requieren de un informe psicosocial para su resolución dispongan de él de manera ágil y eficaz”.
El nuevo convenio se complementa con un Plan de Choque puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico. Este plan incluye el refuerzo de los equipos psicosociales existentes y la creación de nuevos grupos especializados, como 10 equipos de refuerzo que se asignarán a los juzgados de Instrucción y Vigilancia Penitenciaria de Madrid, así como a los partidos judiciales con mayor carga de trabajo. Además, se incorporarán cuatro nuevos equipos psicosociales que operarán como Unidades de Valoración Forense Integral.
García Martín ha enfatizado que la implementación de estas medidas permitirá que los informes se elaboren en tiempo y forma, garantizando así una tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos. La incorporación de psicólogos expertos al equipo actual, compuesto por 170 psicólogos y trabajadores sociales, refuerza la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Con este acuerdo, la Comunidad de Madrid busca no solo mejorar la eficiencia en la emisión de informes psicosociales, sino también asegurar que el sistema judicial pueda atender con mayor rapidez y precisión los casos que requieren una evaluación psicosocial especializada.
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