Madrid, 18 oct (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado este viernes que no hay ninguna «propuesta, estudio ni análisis» de revisión del tiempo máximo de condena que puede cumplir un criminal, en respuesta a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que teme que el Gobierno suprima del Código Penal el límite máximo de 40 años de prisión para los etarras.
En declaraciones a los periodistas en la presentación de los nuevos chalecos airbag con los que patrullarán los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Marlaska ha respondido así a la advertencia expresada este jueves por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce.
En un desayuno informativo, Araluce dijo que el siguiente paso del «plan orquestado» del Gobierno a cambio del apoyo de EH Bildu será suprimir del Código Penal el límite máximo de 40 años de prisión para los etarras.
«No hay ninguna propuesta, ningún estudio, ni análisis de revisión del tiempo máximo de condena», ha asegurado el ministro del Interior, que ha añadido que este límite no es solo para los condenados etarras sino para cualquier criminal, por lo que ha pedido que «no individualicemos».
Además, ha defendido que el Gobierno, desde el principio de su mandato y en materia de Derecho Penitenciario y de Derecho Penal, «siempre se ha guiado por el principio estricto de legalidad».
Marlaska ha salido también al paso de las críticas por la aprobación de la ley de antecedentes penales que permitirá que varios etarras puedan conmutar los años de prisión que pasaron en cárceles de Francia.
Ha puesto el ejemplo del exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, a quien en 2014 se le computó la pena impuesta en Francia bajo el Gobierno del PP «y nadie dijo nada».
El ministro ha recordado que la Audiencia Nacional ha presentado una cuestión prejudicial y que en 2017 ya hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea instada por una autoridad judicial búlgara donde estableció que debían reconocerse las sentencias dictadas en cualquier país de la Unión.
«Creo que el pronunciamiento, sin anticiparme a la cuestión prejudicial formalizada por la Audiencia Nacional, puede ir en el mismo sentido», ha señalado.
