Madrid, 12 dic (EFE).- El Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo no incrementará la privación de libertad a los migrantes ni la creación de centros dedicados a ello, como temían algunas entidades, y apostará por medidas alternativas al internamiento y un refuerzo en el sistema de acogida.
Además, en su plan, España «prima la atención al interés superior del menor, en especial al no acompañado, frente a algunas opciones restrictivas que ofrece el pacto», según han informado este jueves a EFE fuentes del Ministerio del Interior.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska coordina este Plan Nacional de Implementación, que España, como todos los Estados Miembros de la Unión, debía presentar a Bruselas antes de este 12 de diciembre.
En el caso español, este plan busca mantener un sistema «continuista», «no retrocede ni en garantías jurídicas ni en derechos» y es claro respecto a la privación de libertad, uno de los aspectos que más alarmaron a las entidades dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes.
En este sentido, las fuentes han especificado que el plan «ni incrementa la privación de libertad ni los centros dedicados a ello» y apuesta por medidas alternativas al internamiento.
El triaje se realizará en España en el plazo máximo de 72 horas, tal y como ocurre en la actualidad, y los internamientos se seguirán sometiendo a autorización y supervisión judicial.
Además, estas alternativas se combinarán con un sistema de acogida reforzado, que «continuará el proceso de expansión» que ya se lleva a cabo actualmente.
El internamiento de solicitantes de asilo, recalcan, «solo se prevé en casos muy tasados» como, por ejemplo, para posibilitar el traslado a otros Estados miembros que deban hacerse cargo en aplicación de los criterios europeos de distribución de responsabilidad.
Sin diferencias notables en los procedimientos de asilo en frontera
Otro de los aspectos más polémicos del pacto eran los cambios planteados en los procedimientos de asilo en frontera, que entidades como la Comisión Española de Ayuda Al Refugiado (CEAR) temían que pudiera traducirse en más obstáculos, menos garantías y más retornos.
Sobre estos nuevos procesos impuestos por el pacto, Interior asegura que «no generarán diferencias notables en la situación de los solicitantes de asilo en ellos inmersos».
Pero sí exigirán «dimensionar las estructuras encargadas del estudio» de solicitudes y posibles recursos, que ahora deberán completarse en tiempo limitado, 12 semanas en el caso general.
El proceso de triaje -que se aplica a, entre otros, las personas que llegan de forma irregular en pateras o cayucos- «mejorará ciertos aspectos», como el análisis de las vulnerabilidades y la coordinación entre todos los actores para evitar duplicidades o pérdidas de información.
El objetivo será la derivación lo más rápida posible de las personas que lo necesitan hacia instituciones adecuadas, teniendo en cuenta los perfiles más vulnerables.
Para estos procedimientos, el pacto propone que el Defensor del Pueblo actúe como mecanismo independiente de seguimiento del respeto de los derechos fundamentales de los afectados y España baraja contar también con la Organización Internacional de las Migraciones para ello.
Prima el interés superior del menor
Algunas entidades como Save The Children también alertaron sobre los posibles efectos del pacto sobre la infancia migrante en Europa, ya que, aseguraban, con este nuevo marco, familias enteras, también con niños y niñas muy pequeños, podrían acabar pasando semanas o meses en centros de detención.
Sobre los efectos en la infancia, Interior sostiene que el plan español «prima la atención al interés superior del menor, en especial al no acompañado, frente a algunas opciones restrictivas que ofrece el pacto».
Su objetivo será «la rápida derivación hacia los centros dependientes de las comunidades autónomas», una vez completada la identificación en el proceso de triaje.
También sobre menores, el pacto requiere la puesta en marcha de un procedimiento multidisciplinar de determinación de la edad y, en este ámbito, España apostará por que combine «una adecuada precisión con la suficiente rapidez, que evite perjudicar a los menores mediante esperas innecesarias».
Un plan de contingencia para el aumento de llegadas
Entre otras cuestiones, el plan incluye el desarrollo de una planificación de contingencia tanto para la gestión fronteriza como para la acogida, que permitirá afrontar cifras de llegadas más elevadas de lo habitual.
También un incremento de recursos para cumplir otras garantías del pacto, como la asistencia jurídica en las distintas fases de los procedimientos de asilo, para lo que se recurrirá a los Colegios de Abogados, en línea de la práctica actual.
Una de las novedades más importantes del pacto europeo es la regulación, por primera vez, de un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros a la hora de acoger a los migrantes obligatorio pero flexible, ya que permite pagar o prestar apoyo operativo y técnico en vez de acoger.
Desde Interior señalan que este sistema se concreta en reubicaciones de personas, contribuciones financieras y otras soluciones y España está interesada en la promoción de la cooperación con terceros países para prevenir las salidas irregulares.
El pasado mayo se publicaron en el Diario Oficial de la UE los textos legislativos del Pacto sobre Migración y Asilo -nueve reglamentos y una directiva- y a partir de entonces comenzó un proceso de preparación de la aplicación de las disposiciones del Pacto, que se aplicarán en dos años (junio de 2026) excepto el Reglamento de Reasentamiento, que lo hizo de manera inmediata tras su entrada en vigor en junio.
