Madrid, 16 dic (EFE).- El primer año de legislatura del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez culmina con más de una veintena de leyes aprobadas, algunas a costa de duras negociaciones con sus socios parlamentarios, quienes le han apoyado para sacar adelante 717 votaciones pero que también le han dejado caer en otras 72 ocasiones.
El propio Sánchez recordaba la pasada semana en el Congreso, ante los ataques de Junts, que no cuentan con una mayoría parlamentaria y que, por ello, deben negociar y trabajar ley a ley.
También la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ponía en valor lo logrado al cierre del primer año de la legislatura que se inició en noviembre de 2023 y que culminará con 25 leyes aprobadas.
Hasta el momento, el cómputo de normas que han recibido luz verde marca 22, pero el Gobierno confía en que esta semana se anoten otras tres en el pleno que cerrará este periodo de sesiones en el Parlamento.
La más celebrada, por lo que perseguía, por contar con el apoyo de todos los grupos políticos -excepto Vox- y por lo que supone un cambio en la Constitución, fue la reforma de su artículo 49 para eliminar el término ‘disminuidos’ de la Carta Magna.
También aplaudida fue la aprobación en octubre, con un «sí» unánime en el Senado, de la ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
La más polémica ha sido la de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que provocó un terremoto político con su presentación y que fue finalmente aprobada el pasado 30 de mayo, con 177 votos a favor y 172 en contra.
La iniciativa pactada por el PSOE con Junts y ERC y que permitió hace un año la investidura de Pedro Sánchez, contó con la oposición frontal del PP, Vox y UPN, opuestos a una ley que borraba todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables vinculados al ‘procés’.
Donde el Gobierno encontró el apoyo del PP fue para reformar la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pactada entre populares y socialistas dentro de su acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
En la lista de las que más polvareda política y mediática levantaron -con enfrentamiento incluido entre el Congreso y el Senado- figura también la de intercambio de información de antecedentes penales.
La polémica reforma provocó un duro enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que acusó al Ejecutivo de incluir «de tapadillo» una enmienda de Sumar que suprimía disposiciones de la norma hasta entonces vigente que impedía que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
La ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, la que regula las enseñanzas artísticas y la de creación de la autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, son otras de las normas que han salido adelante.
Junto a ellas, la ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante, y varios decretos convalidados, entre los que figura la ley sobre RTVE.
También las que aprueban ayudas para la reconstrucción y para los afectados por la dana, aunque una de ellas está a la espera de convalidarse esta semana, como sucede con la ley estrella del ministerio que dirige Félix Bolaños, la de eficiencia del servicio de justicia, y el paquete fiscal, que tanto ha costado sacar adelante al Gobierno.
