Seúl, 16 dic (EFE).- Tras ser inhabilitado por el Parlamento surcoreano a raíz de la ley marcial, el presidente de este país, Yoon Suk-yeol, afronta las investigaciones de autoridades surcoreanas por supuestos delitos de abuso de poder e insurrección, junto al procedimiento abierto este lunes por el Tribunal Constitucional para determinar si violó o no la Carta Magna.
Yoon fue despojado de su autoridad y de sus funciones presidenciales el pasado sábado por la Asamblea Nacional (Parlamento) con los votos de al menos 12 diputados de su formación, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), después de la grave crisis política desencadenada cuando el mandatario declaró fugazmente la ley marcial el día 3 de diciembre.
El mandatario se enfrenta ahora a procesos legales iniciados por la Fiscalía, la policía y otros órganos por haber recurrido a esa medida excepcional que podrían derivar en su arresto en fechas próximas y en su condena a penas como la cadena perpetua; así como al otro caso en manos del Constitucional, que determinará si su cese es o no definitivo.
Sus funciones como presidente las ejerce ahora de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo, un tecnócrata de 75 años del que se espera que trate de calmar la agitación política a nivel interno y de proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior, sobre todo de cara a socios importantes como Estados Unidos.
Hasta 180 días para analizar el caso
El Tribunal Constitucional surcoreano comenzó este lunes el proceso para decidir si Yoon será definitivamente apartado de su cargo por haber vulnerado la Carta Magna al implementar la ley marcial o si, por el contrario, debe ser restituido en el puesto.
Esta instancia cuenta con un plazo de 180 días para emitir una resolución al respecto, y celebrará su primera audiencia pública de carácter preparatorio el próximo 27 de diciembre.
Hasta entonces, los seis jueces que componen el tribunal celebrarán reuniones previas para revisar el procedimiento parlamentario para la destitución de Yoon, quien en principio no está obligado a acudir a la primera audiencia pública, aunque sí deberá hacerlo a otras comparecencias.
Para que el Constitucional ratifique la destitución de Yoon será necesario el consenso entre todos sus magistrados. Aunque el Tribunal cuenta con tres plazas vacantes de jueces que se espera sean cubiertas en los próximos meses, esto «no debería afectar» al procedimiento sobre Yoon, según dijo hoy Lee Jean, portavoz de esta instancia, en rueda de prensa.
Investigado por insurrección y abuso de poder
Además del proceso en el Constitucional, la unidad de investigación conjunta sobre la ley marcial anunció este lunes que pedirá al presidente que comparezca para ser interrogado este miércoles por haber recurrido a la ley marcial.
El equipo conjunto, formado por la policía, el organismo anticorrupción y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa, trató de trasladar la citación a Yoon en persona en la oficina presidencial o en su residencia, pero los funcionarios de las mismas rechazaron cooperar para completar ese trámite, según informó la agencia de noticias local Yonhap.
La unidad de investigación especial de la Fiscalía, que lleva a cabo sus propias pesquisas sobre el caso, también dijo este lunes que ha enviado a Yoon otra citación para declarar en una fecha que no ha trascendido, después de que en la víspera el mandatario no acudiera a otra convocatoria similar con el argumento de que aún no contaba con equipo de defensa legal.
A Yoon, al que se le ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
