Madrid, 23 dic (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha citado para el 22 de enero a representantes de las empresas Indra Sistemas, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet y Telefónica, y de la Universidad Complutense de Madrid, como testigos en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una providencia el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid adopta esta decisión después de que el pasado día 18 Begoña Gómez negara en su declaración judicial cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.
El magistrado cita como testigos para el 22 de enero al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, y a su antecesor Juan Carlos Doadrio, así como a representantes de las citadas empresas.
Begoña Gómez compareció el miércoles pasado en el Juzgado y por primera vez decidió declarar ante el instructor a preguntas de su abogado, Antonio Camacho.
Se desmarcó de todas las irregularidades que le atribuyen las acusaciones y explicó su relación profesional con la Universidad Complutense, asegurando que nunca se lucró ni pretendió lucrarse.
Fue la tercera vez que comparecía ante el juez Juan Carlos Peinado, que amplió la investigación a Begoña Gómez a los supuestos delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación con la contratación de un software para la cátedra que codirigió, que se unen a los de presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
Begoña Gómez detalló su relación profesional con la Universidad, donde codirigió una cátedra extraordinaria que, según dijo, no tenía retribución, y dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. «Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo», señaló Antonio Camacho tras la comparecencia.
La mujer del presidente del Gobierno dijo que colaboraba con la Complutense desde 2012 por su experiencia, aunque no es catedrática ni contratada por la universidad, según precisaron fuentes jurídicas.
El máster de Transformación Social Competitiva se aprobó en marzo de 2020 pero ella trabajaba en la idea desde 2019, y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache -también investigado- fue quien le propuso luego unirlo a una nueva cátedra que ella acabó codirigiendo.
Inscribió esa marca, Transformación Social Competitiva, en el Registro correspondiente, y lo hizo antes de que se confirmara el máster y como una marca «figurativa», que es algo habitual en los títulos propios para dar imagen a la formaciones, relató.
Gómez puso de relieve que esa marca se inscribió con el objetivo de que no se usase fuera de la Universidad y era algo que la Complutense conocía y se reflejaba en documentos.
E insistió en que «jamás» quiso apropiarse de ninguna marca sino que solo se inscribieron como «protección» de un nombre.
Para la cátedra se articuló una plataforma de medición de impacto para las empresas, de la que Begoña Gómez ha negado que quisiese cobrar porque desde el primer momento se definió que sería un proyecto sin ánimo de lucro. «Una plataforma siempre a disposición de la Complutense, gratuita», según añadieron las fuentes jurídicas.
La creación de esa plataforma o software se licitó por 60.000 euros, explicó Begoña Gómez, que precisó que no tiene conocimientos jurídicos y que desde la Complutense se le indicó que tenía que firmar un pliego sobre la contratación porque era práctica habitual.
Al término de su declaración su abogó ha afirmado que Gómez «se ha comportado siempre de una manera correcta, en coordinación con la Universidad Complutense», y que «si firmó un pliego prescripciones técnicas es porque la normas de la Complutense así lo exigen».
