Quito, 23 dic (EFE).- La Justicia ecuatoriana dejó sin efecto este lunes la suspensión de cinco meses sin remuneración que el Ministerio de Trabajo impuso a la vicepresidenta del país, Verónica Abad, por supuesto «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».
La jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección interpuesta por Abad luego de que el Ministerio de Trabajo le sancionara con 150 días de suspensión, tras abrirle un sumario administrativo, lo que le impedía asumir la Presidencia de forma temporal cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, deba pedir licencia para hacer campaña electoral, con miras a los comicios de 2025.
La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado, si bien Abad sostiene que sí lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.
Esta sanción le impedía asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral que se desarrollará entre el 5 de enero y 9 de febrero de 2025, y se dio después de que Abad denunciara a Noboa por supuesta violencia política de género, al acusarlo de liderar un presunto acoso hacia ella para forzarla a dimitir.
Fruto de ello, el Gobierno ha acusado a Abad de buscar un «golpe de Estado» para sacar a Noboa del poder, mediante esa demanda que se dirime en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Al terminar la audiencia en la que se reveló el fallo este lunes, la ministra de trabajo, Ivonne Núñez, anunció que apelará la sentencia.
La sentencia también obliga a Núñez a ofrecer, en un lapso de 72 horas, disculpas públicas a Abad, que cumplió 49 días de suspensión.
La jueza consideró que hubo una vulneración de derechos constitucionales y al debido proceso a efectuarse el sumario administrativo en contra de Abad quien, tras escuchar el fallo, dijo que irá a las instalaciones de la Vicepresidencia de la República.
En una entrevista con EFE la semana pasada, Abad ya había advertido que si el fallo le era favorable acudiría a la Vicepresidencia.
Jueza denuncia amenazas
Al término de la audiencia desarrollada en Quito y en la que estuvo presente Abad, mientras la ministra de Trabajo atendió de forma virtual, Vera denunció que recibió amenazas por el caso.
«Son más de diez años los que tengo en el servicio de la justicia, y es la primera vez que he sido coaccionada, amenazada, amedrentada», dijo al aseverar que, incluso, tiene «a buen recaudo» una «flash memory» donde presuntamente le indicaban cómo debía fallar en el caso.
La jueza indicó que la semana pasada el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el director provincial, Henry Gaybor, y el asesor, Jorge Carrillo, llegaron a visitar las instalaciones de la Unidad Judicial.
«Pero realmente -dijo- fueron a ingresar a mi despacho a entregarme un 'pen drive', que está a buen recaudo, (con información) de cómo yo tenía que fallar en esta acción de protección», aparentemente contra la solicitud de Abad.
Visiblemente molesta, la jueza reveló que denunciaba los hechos porque su carrera está en juego: «No es justo que vengan a amedrentar a un juez, a interferir porque yo le dije 'déjenme hacer mi trabajo'».
La jueza aseveró que le amenazaron con la destitución y alertó por si algo le pasa a ella o a sus hijos.
Elecciones presidenciales
Una vez levantada la sanción, a tenor de la Constitución queda libre el camino para que Abad asuma la Presidencia cuando Noboa deba pedir licencia para la campaña con miras a los comicios del 9 de febrero, en los que busca la reelección.
Sin embargo, la situación de Abad todavía es incierta pues el próximo viernes debe acudir a una audiencia por denuncia interpuesta por la asesora presidencial, Diana Jácome, por presunta violencia política de género ante el TCE.
En la entrevista con EFE, Abad dijo que tiene poca confianza en TCE donde se ventilará la denuncia de Jácome, que pide el retiro de sus derechos políticos por dos años, con lo cual no Abad podría ejercer cargos públicos.
Según Abad, su denuncia contra Noboa por supuesta violencia política de género está en «stand by» (en pausa) en el TCE tras una primera audiencia de casi trece horas, realizada hace dos meses.
