Aagesen: Eliminar el impuesto a la generación eléctrica subiría la factura a los hogares

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Digital, Sara Aagesen, interviene en el pleno que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ Mariscal

Madrid, 11 dic (EFE).- Eliminar el impuesto a la generación eléctrica subiría la factura de los hogares, de los consumidores, ha asegurado hoy la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras el acuerdo de PP y Junts para suspenderlo mediante una enmienda introducida a una ley que se tramita en el Congreso sobre régimen del comercio de derechos de emisión.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Digital, Sara Aagesen, tras intervenir en el pleno que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ Mariscal

La ministra ha contestado así en el Congreso al diputado José María Figaredo, de Vox, al que le ha dicho que discrepa con la idea de que eliminar el impuesto fijado en el 7 por ciento es mejor para la factura de los consumidores, porque no es así.

«Disculpe que discrepe», le ha respondido la ministra al diputado; «el sistema no está en superávit, esto se supone que cuando se elimina el 7 % que va directamente a la factura al sistema, sube la factura de los consumidores, sube la factura de los hogares», ha advertido Aagesen.

En la enmienda de PP y Junts lo pactado es suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa, con el argumento de bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y empresas.

Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con la enmienda aprobada a instancias del PP pasaría a tipo 0.

En concreto, según el Grupo Popular, «la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias».

Por otra parte, la ministra ha destacado la necesidad de transponer la ley sobre el régimen de comercio de emisiones porque es importante para «todos los españoles»; interesa a 900 instalaciones industriales, a 600 navieras, a 1.000 compañías de distribución, a toda la economía española, no solo al Gobierno.