París, 16 oct (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen pasó a la ofensiva este miércoles en el tercer día de interrogatorios en el juicio por presunta financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo (PE), en el que aseguró estar siendo acusada «sin pruebas».
Después de que ninguno de los tres asistentes parlamentarios que tuvo en sus años como diputada en Bruselas y que figuran en la acusación pudiera dar muestras claras de su trabajo, Le Pen consideró «contrario al derecho de la defensa verse obligada a demostrar que se es inocente».
«Es la acusación la que debería aportar la prueba del delito que nos reprocha, yo no puedo aportar la prueba de que soy inocente», dijo Le Pen ante el tribunal, en el que mantuvo un intenso debate con la presidenta, Bénédicte de Perthuis.
Un proceso político, según Le Pen
La líder de la extrema derecha gala, que afronta penas que podrían llegar a los diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, lo que comprometería su ambición presidencial en 2027, retomó su línea inicial de defensa, según la cual está siendo objeto de un proceso político por sus posiciones críticas en Bruselas.
«¿Cómo pueden pedirme documentos de hace tantos años?. De 2009. Yo no guardo nada, tendría que construirme un castillo si lo guardara todo. No veo el interés», aseguró la política después de que se le pidieran muestras del trabajo parlamentario de Guillaume L'Huillier.
El propio acusado aseguró que no las tiene, igual que la víspera hicieron su exjefa de gabinete Catherine Griset y el lunes su guardaespaldas Thierry Légier.
Para el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, la ausencia de todo documento es una prueba en sí misma de que no existió trabajo para la Eurocámara. «En realidad, trabajaban para el partido», reiteró el letrado de la acusación particular.
La misma tesis que sostiene la Fiscalía, que acorraló en el estrado a Guillaume L'Huillier, cuyo caso fue abordado este miércoles en el tribunal.
L'Huillier cobró durante años como asistente parlamentario de varios eurodiputados del Frente Nacional, rebautizado ahora como Agrupación Nacional, al tiempo que fue director de gabinete de Jean-Marie Le Pen.
Esa doble función constituye para la acusación otro indicio de que apenas trabajó en la Eurocámara, pese a que era quien le remuneraba.
Fue el tercero de los asistentes de Marine Le Pen que compareció estos últimos días.
Una acusación sin base sólida
El abogado de la líder ultraderechista, Rodolphe Bosselut, señaló que todos estos testimonios «dejan patente la debilidad de la acusación» y «ponen de manifiesto que no hay una acusación sólida».
«Hay un problema de fondo, la acusación no está fundada sobre elementos factuales, no está fundamentada en nada. Y por eso es una presunción de culpabilidad», reiteró ante los medios Le Pen, que consideró que se está «haciendo un juicio a la política».
«¿Está prohibido ser asistente parlamentario y tener un compromiso político?», se preguntó Le Pen, que desde el primer día del juicio ha tratado de describir a sus asistentes como peones de un ideal que no se circunscriben a un trabajo parlamentario.
La triple candidata al Elíseo, finalista de las dos últimas presidenciales, cree que tras la acusación hay «un proceso a la libertad parlamentaria».
El abogado del Parlamento Europeo no lo ve de la misma manera y espera que en los próximos días se vean las pruebas de que la ultraderecha francesa orquestó un sistema en el que los trabajadores del partido eran pagados con dinero de Bruselas.
«No hay nada que muestre que fueron asistentes parlamentarios porque en realidad trabajaban para el partido», reiteró Maisonneuve, quien agregó que «en los próximos días llegarán otras pruebas en el terreno de la complicidad, de la organización y de la centralización» del sistema.
El proceso, que todavía tiene un mes por delante, entra ahora en una fase más técnica y menos espectacular que, posiblemente, acarree menos atención mediática.
