El Consejo de Gobierno completará dicha cantidad con los 6 millones de euros correspondientes al turno de oficio. En total, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018 contemplan una partida de 46,8 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita. Esto supone un incremento del 34 % desde el inicio de la Legislatura.

Madrid es la segunda comunidad autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita, según el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Del total de la partida de este año, 42,8 millones se destinarán a los abogados y 5,8 millones a los procuradores (4,8 millones a justicia gratuita y 1 millón a turno de oficio).

Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Con estos pagos se garantiza a asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes. La asistencia jurídica gratuita es uno de los tres pilares del Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la legislatura.

Agilizar los pagos de la asistencia jurídica gratuita

La Consejería de Justicia, recíen creada, va a dar un impulso anticipando las cantidades a abonar sin esperar a la presentación de las correspondientes justificaciones. El nuevo sistema se articulará a través de un plan individualizado de pago tanto para el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid como para el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

Con el nuevo modelo, los pagos por la asistencia jurídica gratuita se podrán adelantar al inicio de cada periodo a certificar, sin esperar a la presentación de ninguna justificación. Al final del ejercicio, se cerrarán todas las justificaciones y comprobaciones para garantizar que los pagos anticipados se corresponden con las actuaciones incluidas en las certificaciones.

El plazo medio de pago es ahora de dos meses y medio, lo que supone que se ha reducido a más de la mitad desde el inicio de la Legislatura, cuando se tardaba cinco meses y medio en materializar los pagos.