Córdoba (Argentina), 18 oct (EFE).- Los principales mecanismos para agredir a la prensa en Perú durante el último semestre han sido las iniciativas legislativas, demandas y querellas por difamación, allanamientos, impedimento de coberturas de interés público y ataques verbales contra periodistas, informó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El informe por país, presentado durante la 80 Asamblea General de la SIP que se celebra en la ciudad argentina de Córdoba hasta el próximo domingo, denunció que «cada vez más funcionarios de alto nivel» de Perú «toman actitudes agresivas y sistemáticas contra la prensa, mediante amenazas, insultos y denuncias».

Dicho informe, todavía pendiente de aprobación, mencionó entre estos funcionarios al expresidente del Congreso Alejandro Soto y al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

«Si bien este último semestre la presidenta peruana, Dina Boluarte, se caracterizó por su silencio frente a la prensa, su ministro del Interior, Santiváñez, se destacó como principal autor de ataques y amenazas contra periodistas», remarcó.

La SIP sostuvo que, en varias ocasiones durante el semestre, «funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo a la presidenta, intentaron negar hechos reportados por la prensa, calificándola como activista o tendenciosa».

Detalló, además, una serie de declaraciones públicas de Santiváñez en las que amenazó con denunciar a periodistas que informaron sobre presuntas irregularidades presentadas en su contra.

Recordó, también, que en octubre pasado, Boluarte utilizó el término «terrorismo de imagen» para referirse a las denuncias contra ella que publica la prensa y que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo que no se puede negar «que se difunden noticias falsas (que) no solo ofenden, sino que tiene (sic) un propósito: (…) generar el caos y la desestabilización».

La SIP agregó que el Congreso peruano «se convirtió en una de las principales fuentes de agresión contra la prensa, en especial por los congresistas denunciados por presuntos actos de corrupción» y que «también se registraron agresiones contra periodistas en el Ministerio Público».

Mencionó entre estas al allanamiento de la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur por presuntamente integrar una organización criminal, así como agresiones contra reporteros en coberturas, querellas por presunta difamación y ciberataques.

Además, que el pasado 20 de septiembre la periodista Paola Ugaz conoció que un juzgado anticorrupción levantó el secreto de sus comunicaciones por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito que data de su participación en la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014).

La SIP recordó, por otra parte, que en agosto pasado se «cumplieron 40 años de impunidad», tras la desaparición del periodista Jaime Ayala, quien fue corresponsal del diario La República en la región sureña de Ayacucho.

El pasado 1 de octubre, un tribunal peruano condenó al exjefe del comando político-militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, a 18 años de cárcel, como autor mediato de la desaparición forzada de Ayala y otras decenas de personas en 1984, en una sentencia que fue considerada histórica por organismos defensores de los Derechos Humanos.