Sevilla, 9 mar (EFE).- La Junta de Andalucía ha realizado en el Boletín de la Comunidad (BOJA) una modificación en la orden de tarifación de convenios y conciertos con entidades públicas y privadas para prestar asistencia sanitaria -entre ellas la atención primaria- que aclara que solo se recurrirá a la prestación privada en «periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias».
En el Boletín extraordinario publicado este jueves, se aclara la orden del 23 de febrero por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el SAS para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios.
El Gobierno andaluz enmarca esta aclaración en la necesidad de despejar «cualquier duda o interpretación interesada sobre la finalidad de dicha orden», que en su origen solo recogía que el objetivo era desarrollar el sistema de tarifación y de presupuestación sin especificar que se darán en periodos coyunturales de mayor demanda o de emergencias sanitarias.
El Ejecutivo cambia en el preámbulo de la orden para incluir que el sistema de presupuestación y tarifación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios concertados por el SAS persigue «garantizar el aseguramiento público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial».
El borrador de la orden, aprobado en julio de 2022 y cuyo proceso de alegaciones se extendió hasta el mes de agosto , generó en el último mes una gran polémica debido a las críticas de los partidos de la izquierda andaluza -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- y algunos sindicatos, que denuncian que esta orden busca «privatizar» el sistema sanitario.
La nueva orden permite que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta -una práctica que se realiza en otras comunidades-, y la inclusión por primera vez de la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada.
El Gobierno andaluz se ha defendido de esta acusación y tras asegurar que no se va a privatizar la sanidad andaluza, ha acusado a los partidos de la oposición de lanzar «acusaciones infundadas» para tratar de «confundir a la opinión pública» debido a la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo.
El anexo de la orden incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
Las tasas más elevadas en el bloque de procedimientos quirúrgicos son las «operaciones para transformación de sexo no clasificadas bajo otros conceptos» como las colovaginoplastias, con un coste de 31.900 euros; las faloplastias (28.600 euros) y las vaginoplastias (22.900 euros), mientras que las más bajas están las escisiones en la boca (167 euros).
