Lima, 27 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó este miércoles ante la Fiscalía las declaraciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.
El abogado Joseph Campos, defensor de la mandataria, declaró a periodistas que durante el interrogatorio, que se desarrolló durante una hora y media, se reiteró que «nunca existió una relación directa» de Boluarte «con los hechos».
«Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración (de junio) se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando (el tema) por respeto precisamente a las víctimas, que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seguridad y objetividad», sostuvo.
Campos consideró, sin embargo, que «la evaluación de una responsabilidad jurídica de la presidenta es absurda», pero dijo que a pesar de esta posición acudieron al interrogatorio porque son «respetuosos» de las decisiones del Ministerio Público.
Los detalles de la citación fiscal
El abogado dijo que durante la audiencia de este miércoles «se incorporaron unas preguntas» hechas por la Procuraduría, ante lo cual la defensa pidió que las respuestas «de la primera declaración se extiendan» e informó que ya no van a dar nuevas declaraciones en esta investigación.
Campos enfatizó que se debe esperar a que se resuelva el pedido que ha presentado para que la gobernante sea excluida de estas pericias preliminares.
«Es un pedido que está pendiente de resolverse y esperemos que al fin del plazo la excluyan (…) jurídicamente no tiene ningún asidero esta situación, pero somos respetuosos», reiteró.
El abogado reiteró, sin embargo, que Boluarte pidió que durante las protestas «se controle la situación, el orden publico, respetando los derechos fundamentales».
El abogado también aseguró que «no habrá nuevas diligencias» y que «en este momento no hay ni víctimas ni victimarios» porque el caso «se está investigando».
«Hay que actuar con seriedad y objetividad por respeto a las víctimas», dijo.
Una investigación por genocidio y otros delitos
Boluarte fue citada por la Fiscalía como parte de la investigación preliminar que ha abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
En esta ocasión, la mandataria fue convocada para ofrecer una ampliación de las declaraciones que ya dio el pasado 6 de junio, tras la cual su abogado señaló a los medios que esperaba ser excluida de las investigaciones.
La gobernante ya acudió a la Fiscalía el 7 de marzo pasado, pero en ese momento no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que solicitó que se le incluya en la investigación por el pedido de declaración del primer ministro, Alberto Otárola.
La Fiscalía también ha citado a Otárola para que declare durante la tarde de este mismo miércoles, pero este aún no se ha referido al tema.
El primer ministro aseguró este martes que entre diciembre y marzo «el Gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derecho» y agregó que no les «temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y paz y seguridad 33 millones de peruanos».
