Comisario Reynders apuesta por el diálogo con una ambiciosa agenda en Madrid

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, EFE/EPA/OLIVIER HOSLET 778

Madrid, 28 sep (EFE).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, llega a Madrid con una intensa agenda política y el ambicioso objetivo de relanzar el diálogo para que pueda renovarse y reformarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una tarea compleja ante la distancia que separa al Gobierno del PP.

Reynders, que comienza este miércoles su visita a la capital con una reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, entre mañana y el viernes se verá con otros cuatro ministros, con el PP, con los presidentes del CGPJ y del Constitucional, con el fiscal general del Estado y con dos asociaciones de jueces, comparecerá en el Congreso y participará en un desayuno con periodistas.

El comisario ha afirmado antes de viajar a España que los cambios deben ser decididos por los partidos españoles y que lo que él puede hacer es «favorecer el diálogo».

Pero las declaraciones previas de las partes implicadas no permiten vaticinar un acercamiento entre socialistas y populares.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se reúne mañana con el comisario, ha pedido que «nadie se engañe», porque la renovación no depende de Reynders, sino exclusivamente del PP, que ha perpetrado un «secuestro» del órgano de gobierno de los jueces al bloquear su renovación desde hace cuatro años.

Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que lo que importa es que el PSOE «escuche» la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que los doce vocales jueces de ese órgano sean elegidos por los miembros de la carrera.

Reynders viene a Madrid con el informe sobre el Estado de derecho en la UE de 2022 bajo el brazo, un documento que instaba una vez más a España a desbloquear la renovación de un CGPJ que está a punto de cumplir cuatro años en funciones y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia.

El Gobierno destaca el primer mensaje de ese informe y el PP se centra en el segundo, con lo que las conversaciones están bloqueadas.

Desde el Ejecutivo recuerdan que el actual modelo de elección parlamentaria de los vocales, vigente desde hace 35 años, solo es cuestionado por el PP cuando está en la oposición. Y lo defienden frente a un modelo «corporativo» o «gremial», ya que se trata de un poder del Estado y deben intervenir las Cortes Generales.

En el trasfondo de esta crisis institucional se encuentra la incapacidad de los vocales del CGPJ para nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, una tarea que lleva encallada desde hace semanas ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre los bloques conservador y progresista del órgano de gobierno de los jueces.

Y mientras alguno de esos vocales confía en que la visita de Reynders tenga también un efecto positivo en estas negociaciones internas del CGPJ, este órgano celebra este mismo jueves un pleno en el que volverá a abordar los nombramientos.

Todo ello bajo la amenaza de dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, si PP y PSOE no se sientan a negociar por todas la renovación del Consejo.

De ello tratará Reynders con los representantes políticos: además de con Bolaños, tiene previsto reunirse este jueves con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, mientras que en representación del PP se entrevistará con el responsable de Acción Institucional, el eurodiputado Esteban González Pons.

Durante la jornada de este jueves el comisario también prevé reunirse con varias asociaciones judiciales, como Francisco de Vitoria o la Asociación Profesional de la Magistratura; y ya por la tarde acudirá al Congreso para comparecer ante la Comisión Mixta para la Unión Europea.

El viernes tiene cita con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, pero copan su agenda los representantes del mundo judicial, con reuniones con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el del Constitucional, Pedro González-Trevijano; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.