Marián Cano, consellera de la Generalitat Valenciana, ha exigido al Gobierno central la retirada inmediata del Registro de Viajeros tras la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea por vulneración de la protección de datos.
La decisión de Bruselas confirma, según la consellera, las advertencias que la Generalitat y el sector turístico han formulado repetidamente sobre la desproporción, la inseguridad jurídica y la carga burocrática que impone esta medida del Ejecutivo estatal.
Reclama rectificación urgente
Cano ha demandado una rectificación urgente del Gobierno central y la puesta en marcha de un nuevo modelo coordinado con las comunidades autónomas y el sector turístico. Esta alternativa debe garantizar la seguridad pública sin vulnerar derechos fundamentales ni obstaculizar la actividad turística.
La actuación de la Comisión Europea refuerza la posición defendida por la Generalitat Valenciana en relación a un instrumento que ha generado críticas continuadas desde su implantación por sus efectos negativos en la competitividad del sector.
Inseguridad jurídica y carga administrativa
Según ha señalado la consellera, el Registro de Viajeros ha supuesto una desproporción en las exigencias normativas y ha creado incertidumbre legal entre los establecimientos hoteleros y de alojamiento turístico.
La apertura del expediente por parte de Bruselas pone en evidencia que las preocupaciones expresadas por el sector turístico valenciano y la Generalitat respecto a la conformidad de esta medida con la legislación europea de protección de datos eran fundadas.
Impacto en el sector turístico
La consellera ha insistido en que cualquier medida de seguridad pública debe equilibrar la protección de datos personales con la viabilidad de la actividad económica. En este sentido, ha abogado por un enfoque coordinado que permita mantener los estándares de seguridad sin comprometer los derechos de ciudadanos y empresas del sector turístico.
