Córdoba, 21 nov (EFE).- El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha recordado este viernes a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que facilitar información a la administración si se conoce alguna situación irregular es «una obligación de salud pública» para poder «atender a esas mujeres» que se hayan podido ver afectadas por los fallos en el programa de cribados.
En declaraciones a los periodistas tras visitar el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Sanz ha explicado que si esta asociación tiene información de personas que no están siendo tratadas por el sistema público debe «entender que lo primero es atenderlas» y, por tanto, «facilitar esa información».
El consejero ha señalado que la Junta cuenta con datos precisos sobre 2.317 mujeres pendientes de pruebas diagnósticas de cáncer de mama y ha asegurado que «antes del 30 de noviembre todas van a recibir la prueba que les corresponde», si bien ha afirmado que la «alarma surge» porque Amama «sostiene que existen 4.000 mujeres que nadie sabe dónde están».
Sanz ha subrayado que la administración ha intentado «obtener la información por distintas vías» y que incluso un responsable de la estrategia de cáncer mantuvo con la representante de Amama una reunión «sin recibir ningún listado» y ha insistido en que «si alguien conoce dónde están esas mujeres, debe ofrecer la información».
El consejero se ha referido a la Ley de Salud Pública y a la Ley 39/2015 para justificar el requerimiento de información a Amama y ha recordado que dichas normas «obligan a los ciudadanos a colaborar con las autoridades sanitarias, a no generar riesgos para terceros y a comunicar cualquier situación que pueda constituir una emergencia sanitaria».
«Quien habla de 4.000 personas que la administración no conoce, para mí está describiendo una emergencia de salud pública», ha manifestado Sanz, quien ha rechazado que Amama haya alegado «motivos de protección de datos» cuando «la garante de la protección de datos es la administración».
Además, ha precisado que la solicitud no se hace «para la administración, sino para los profesionales sanitarios» y ha asegurado que no busca la confrontación sino garantizar que «si realmente existen, esas mujeres puedan ser atendidas como corresponde».
En cuanto a posibles acciones legales ante la negativa a entregar la información, el consejero se ha remitido a las leyes de Procedimiento Administrativo y de Salud Pública y ha afirmado que la Junta seguirá actuando conforme a estas normas para «asegurar el funcionamiento del sistema público» y evitar «una alarma social que no es procedente».