Manila, 20 jul (EFE).- El acoso a la libertad de prensa continúa en Filipinas tras la salida del presidente Rodrigo Duterte. La llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. no ha impedido que la justicia y las autoridades mantengan el acoso a la nobel de la Paz Maria Ressa y a su medio digital Rappler.
A un día de que Marcos Jr. jurase el cargo como Presidente de Filipinas el pasado 30 de junio, la Comisión del Mercado de Valores ordenó el cierre del influyente Rappler, fundado y dirigido por Ressa, quien además vio como su condena por ciberdifamación fue ratificada este mes por un tribunal filipino.
La decisión judicial sobre Rappler, que queda pendiente de una nueva apelación, fue, según los analistas, el último golpe de guión contra la prensa libre de los seis años de administración de Duterte, marcados por los incansables ataques a periodistas y medios independientes.
«La ley está siendo utilizada como arma contra la libertad de prensa desde hace seis años», apunta a Efe Lian Buan, redactora de tribunales de Rappler en las oficinas del medio digital en Manila.
La periodista, a la que Duterte prohibió asistir a sus ruedas de prensa, considera que la persecución política de los medios críticos está fuera de toda duda.
«No solo afecta a Rappler, muchos periodistas a nivel local están siendo denunciados por ciberdifamación y perseguidos incluso con violencia, pero sus nombres no son tan grandes como los de Maria Ressa», matiza.
El perfil del nuevo presidente no apunta al optimismo. Marcos Jr. ha evitado siempre las preguntas de los medios independientes y su padre, el dictador Ferdinand Marcos, silenció brutalmente a la prensa y asesinó a más de 3.000 personas en los años setenta -algunos de ellos periodistas- por lo que su llegada al poder despierta recelos en la comunidad periodística.
RAPPLER EN LA DIANA
La utilización de la ley contra las opiniones críticas durante los últimos años en Filipinas ha atizado especialmente a Rappler, que tiene ocho casos abiertos pendientes de juicio, siete de los cuales afectan directamente a Maria Ressa, que se enfrenta a más de cien años de cárcel si las condenas prosperan.
El medio digital de Ressa, que ganó en 2021 el Premio Nobel de la Paz junto el ruso Dmitri Muratov por su defensa de la libertad de prensa, fue clave en revelar al mundo los asesinatos extrajudiciales de la «guerra contra las drogas» instigada por Duterte.
Esta campaña para «masacrar» a los drogadictos ha dejado entre 27.000 y 30.000 muertos, según Amnistía Internacional, y es investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
Tras estas investigaciones y por levantar la voz contra el giro autoritario de Duterte, los periodistas de Rappler vetados de las ruedas de prensa del presidente y pasaron a sufrir un intenso acoso de los trols en las redes, mientras que la persecución judicial contra Ressa se intensificó desde 2017.
Sin embargo, el hostigamiento a la información libre en los últimos años no se ha limitado a Rappler. En 2020, las autoridades denegaron la renovación de la franquicia al mayor conglomerado mediático de Filipinas, ABS-CBN, también cerrado por Marcos padre durante la Ley Marcial en 1972, y por lo cual en la actualidad ha tenido que reinventarse como medio digital.
Además, días antes de concluir el mandato de Duterte, el Gobierno ordenó clausurar varios medios independientes progresistas, entre ellos los populares Pinoy Weekly o Bulatlat, acusados de connivencia con la insurgencia comunista y de ser un peligro para «la seguridad nacional».
El cierre se ejecutó ya con la nueva Administración al mando, por lo que las voces críticas temen que el deterioro de la libertad de prensa en el país se mantenga durante el Gobierno de Marcos Jr.
Reporteros Sin Fronteras situó a Filipinas en el puesto 147 de 181 en su informe sobre la libertad de prensa en 2022, bajando hasta séis puestos en la clasificación desde la llegada al poder de Duterte en 2016.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
Pese a que aún cuenta con una diversidad y riqueza de las voces críticas en el país, la situación de la prensa en Filipinas sufre una contradicción irreconciliable y brutal: el país es el séptimo del mundo más letal para ejercer el periodismo.
Desde el regreso de la democracia en 1986, 191 periodistas han sido asesinados, 21 de ellos durante el mandato de Duterte, según la Comisión para la Protección de Periodistas.
En los últimos dos años de la presidencia de Duterte, varios periodistas y activistas fueron asesinados después de sufrir una campaña de acoso en redes sociales, conocida como «red tagging» (etiqueta roja en inglés), donde eran acusados de comunistas.
Si bien la nueva asesora de Seguridad Nacional, Clarita Carlos, urgió este mes a acabar con este siniestro fenómeno, el articulista, académico y experto en política nacional, Dean Dela Paz, cree que el arrinconamiento a la libertad de prensa posiblemente continuará con Marcos Jr.
«La ausencia de corrección de las injusticias infligidas contra los medios, y el constante mantra de esta administración» alabando el legado de Marcos padre no pronostica «cambios sustanciales» en el trato a la prensa, señala a Efe Dela Paz por correo.
Esa situación contrasta con la tradicional imagen de Filipinas como un «oasis de libertad de prensa» en el continente asiático, ya que todavía hoy, pese a la creciente violencia, el ecosistema de medios críticos es más diverso y colorido que el de sus países vecinos.
«Filipinas ha sido un oasis de libertad de prensa en Asia, ya que tanto su modelo de democracia como sus sucesivas constituciones se han basado en los valores de libertad de los EEUU», remarca De la Paz.
Federico Segarra
EFE
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