El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con amplio consenso la ley de protección a la infancia frente a la violencia, con la que la prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años, y la ha enviado al Senado con amplias mejoras que refuerzan los derechos de los niños
El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con amplio consenso la ley de protección a la infancia frente a la violencia, con la que la prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años, y la ha enviado al Senado con amplias mejoras que refuerzan los derechos de los niños.
El proyecto de ley, que busca acabar con la impunidad de muchas agresiones sexuales, que cuando se denuncian ahora ya han prescrito, ha incluido a su paso por el Congreso más de 200 enmiendas y 70 acuerdos transaccionados respecto al texto remitido por el Gobierno.
Ha quedado avalado con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones.
La ley sale del Congreso con la oposición de Vox por motivos ideológicos y del PNV, que denuncia una invasión de competencias, mientras que PDeCAT y EH Bildu han optado por abstenerse por la importancia de las medidas para la seguridad de los niños, a pesar de discrepar también del reparto competencial.
El texto aprobado refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.
A última hora los grupos han acordado ampliar cinco años más la edad desde la que se comienza a contar la prescripción de los delitos graves respecto a la propuesta del Gobierno, hasta los 35 años.
Actualmente, se cuenta desde los 18 años, por lo que pocos casos de abusos llegan a juzgarse porque las víctimas tardan en ocasiones décadas en reconocer públicamente la agresión.
En su paso por el Congreso, se ha dotado a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.
La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información.
Habrá un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, se impulsará la formación para jueces y fiscales y se incorpora en el Código Penal la aporofobia (odio al pobre) dentro de los delitos de odio.
«No somos conformistas y esta ley debe seguir mejorándose» en la Cámara Alta, ha aseverado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha cerrado el debate agradeciendo el trabajo y generosidad del pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia, y presente en el Parlamento, junto a varias entidades sociales.
La ministra se ha dirigido a los niños a los que ha animado a «pedir ayuda, porque alguien va ayudaros» y ha asegurado que con la aprobación de la ley se pondrá fin a la impunidad de los abusos a menores por parte de religiosos.
«La Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces y esto tiene que terminar», ha añadido Belarra, quien ha recibido reproches por esas palabras de diputados del PP. «Se que ésta es una verdad incómoda, pero no estamos por la comodidad, sino por hacer algo aunque a sus señorías les moleste».
Varios grupos han avanzado su intención de seguir proponiendo cambios en el Senado para, por ejemplo, evitar que se reconozca como «agentes de la autoridad» a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela en casos de desamparo.
Unidas Podemos ha invitado a su socio de Gobierno a apoyar dos de sus enmiendas que nos han salido adelante y que cuentan con el consenso de grupos como EH-Bildu y ERC, para prohibir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.
Hasta la Cámara Baja se han acercado para celebrar «este paso adelante» organizaciones de defensa de la infancia como Save the Children, que ha entregado medio millón de firmas de la sociedad civil «que respaldan la urgencia de la ley».
Fuente: © EFE 2021
