Madrid, 25 sep (EFE).- El debate sobre el modelo territorial en España propiciado por las exigencias de las formaciones independentistas y nacionalistas ha agitado las demandas de la mayoría de comunidades autónomas, que reclaman no quedarse atrás como territorios de segunda, más competencias o una mejor financiación.
Un ejemplo de esta reacción se está produciendo estos días en Andalucía, donde el PSOE de Juan Espadas ha propuesto que se cree una ponencia en el Parlamento autonómico para evaluar las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, con el objetivo de profundizar en el autogobierno y lograr que esta comunidad equiparada a las «históricas» por el referéndum de 1981 «vuelva a ser garantía de la igualdad» y «factor equilibrador».
Ante este propuesta, apoyada y ampliada por otros grupos de izquierda como son Adelante Andalucía y Por Andalucía, el gobierno autonómico de Juanma Moreno ha advertido de que no admitirá ningún retroceso en la unidad territorial del Estado y el PP ha planteado una proposición no de ley, que se debatirá esta semana, en la que se pide la defensa del principio de igualdad de todos los españoles y el «rechazo a la amnistía o indultos que quebranten la organización territorial de España y la unidad nacional».
Más autogobierno
En Galicia, el BNG ha reclamado este mes de septiembre en el Parlamento un nuevo Estatuto, con más autogobierno, y a la altura del que puedan tener País Vasco y Cataluña en las negociaciones para una nueva hipotética investidura de Pedro Sánchez, y el presidente, el popular Alfonso Rueda, ha insistido en que el Estatuto actual (1981) y la Constitución son el marco de autogobierno que defiende la mayoría de Galicia.
En Navarra, el Gobierno foral, presidido por la socialista María Chivite junto a Geroa Bai y Contigo Navarra, ha expresado ya su intención de seguir avanzando en la transferencia de competencias, como I+D+i, Inspección de Trabajo o Seguridad Social -mientras la de Tráfico está en pleno proceso de transferencia-, después de que en los últimos años el Parlamento llegara a acordar el impulso de una ponencia para avanzar en el desarrollo de competencias, que no ha llegado a constituirse.
En el reciente pleno de Política General en el Parlamento Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado la «seria erosión competencial» del autogobierno, ha reclamado su desarrollo mediante el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado dentro de la Constitución y ha pedido cuatro nuevas transferencias al Gobierno central
Sin embargo, a pesar de las declaraciones habituales en Euskadi sobre autogobierno, formalmente no hay ninguna iniciativa parlamentaria sobre la mesa y el último intento de aprobar en el Parlamento Vasco un texto para la reforma del Estatuto de Gernika de 1979 lleva paralizado cuatro años.
Más interés por una mejor financiación
En varias comunidades se demanda el pleno desarrollo de su estatuto de autonomía, como Canarias, que exige asumir competencias ya recogidas, como Salvamento Marítimo, seguridad privada, sistema penitenciario y participación en la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, y revisar otras ya traspasadas, , como Costa.
Mientras en Cataluña el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insiste en la «oportunidad» que la actual situación política ofrece para «hacer avanzar el país» y «abrir caminos de futuro», en comunidades como Aragón, Castilla y León y Madrid, el debate territorial no destaca en la agenda política más allá de las reacciones ante los movimientos del independentismo.
En algunas de estas y en otras comunidades, como Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Extremadura, están más preocupados porque la futura financiación autonómica parta de una negociación multilateral y no bilateral, para que todos los territorios puedan posicionarse en un plano de igualdad.
En concreto en Extremadura el PP ha presentado en el parlamento regional una propuesta de pronunciamiento en la que se insta al Gobierno central a adoptar una serie de medidas en defensa de la igualdad de todos los españoles, como un modelo de financiación autonómica que «garantice los principios de igualdad y solidaridad»,
En La Rioja, cuyo nuevo Estatuto de Autonomía lleva cuatro años atascado en el Congreso de los Diputados, el PP presentó la semana pasada dos proposiciones en el Parlamento regional, donde tiene mayoría absoluta, para que la cámara se posicione a favor de la igualdad entre comunidades y entre todos los españoles y también en contra de una posible amnistía.
Reformas estatutarias
De todas formas, en Castilla-La Mancha se ha abierto una negociación para reformar el Estatuto de Autonomía y no se descarta pedir más autogobierno, aunque desde el Gobierno del socialista Emiliano García-Page señalan que hay otras prioridades, como garantizar una financiación justa y suficiente, que competir por ver quién tiene una competencia más.
En la Comunidad Valenciana no renuncian a la petición aprobada en 2020 en Les Corts por PSPV, Compromís, Unides Podem y PP de incluir la recuperación del derecho civil valenciano en una reforma puntual de la Constitución.
En el caso de Baleares, el grupo parlamentario que tiene previstas varias iniciativas en este sentido es MÉS per Mallorca (en la oposición), entre ellas pedir las competencias de policía autonómica, instituciones penitenciarias y justicia o reivindicar la cogestión de puertos y aeropuertos.
Y el PP de la Región de Murcia está preparando mociones sobre cuestiones competenciales y de igualdad entre comunidades, mientras el PSOE aboga por reformar el Estatuto de Autonomía para volver a lo consensuado en 2019, «con el fin de actualizarlo e incorporar nuevos derechos».
El debate ha llegado también a Ceuta, donde los dos partidos localistas con representación en la Asamblea -Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, con tres escaños, y Ceuta Ya!, con dos- han pedido que la ciudad se convierta en comunidad autónoma para mejorar su situación y equipararse al resto de territorios.
