Madrid, 2 jul (EFE).- La Ciudad de la Justicia echa a andar tras la propuesta de la Comunidad de Madrid de adjudicar a las empresas ACS, Acciona, OHLA, Azvi y Rover la construcción del macrocomplejo judicial, con una inversión de 653 millones de euros, cuyo proyecto definitivo se dará a conocer en diciembre de 2024.
Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se enorgullecen, en el balance del año de Gobierno, de lo que será «el mayor complejo judicial del mundo».
La más importante de las actuaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el relanzamiento de la nueva Ciudad de la Justicia, tras el fracasado proyecto que Esperanza Aguirre, que estará adjudicado finalmente en el mes de julio y cuyas obras comenzarán en mayo de 2025 en la parcela de Valdebebas.
Trece empresas agrupadas en cinco Unión Temporal de Empresas (UTE) concurrieron a la licitación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, dividido en dos lotes, y tras el análisis de las ofertas, los consorcios formados OHLA-Azvi-Rover y la de Dragados (la constructora de ACS)-Acciona recibieron mejor puntuación, gracias a que sus propuestas económicas fueron las más bajas.
En total, el coste de adjudicación asciende a 653 millones de euros, según datos del departamento que dirige Miguel Ángel García, frente a los 683 millones de euros previstos en los presupuestos regionales.
El consorcio formado OHLA, Azvi y Rover ha sido propuesto para la ejecución del lote 1 por el que se construirán el aparcamiento público y los edificios del Tribunal Superior de Justicia y audiencias provinciales, por un importe de 161,4 millones de euros (IVA no incluido), mientras que la UTE formada por ACS y Acciona ha sido seleccionada para la construcción del lote dos, que corresponde a los juzgados de la jurisdicción civil, penal y fiscalía, por un importe de 378,6 millones de euros (IVA no incluido).
En la segunda quincena septiembre se prevé que esté listo el diseño preliminar del proyecto, y en diciembre se presenten las maquetas definitivas del macrocomplejo judicial, que albergará 378 órganos judiciales que están dispersos por la región en 26 edificios.
En una parcela de 471.000 metros cuadrados se construirá «la mayor infraestructura de obra civil de España», subrayan desde la Consejería, que tendrá una superficie un 60 % superior a todas sedes actuales del partido judicial Madrid.
En «la legislatura de las infraestructuras judiciales», según la Comunidad de Madrid, también se levantarán los nuevos juzgados de Móstoles, cuyo proyecto se acaba de adjudicar por una inversión de 31 millones de euros para agrupar a las 5 sedes actuales que albergan 25 juzgados.
Su construcción arrancará este año junto con el de Collado Villalba, mientras avanzan las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe, que entrarán en funcionamiento este año, y los de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local destaca la inversión del Gobierno de la Comunidad de Madrid en infraestructuras judiciales, frente a la «inacción» del Ministerio de Justicia, que no ha aportado «ni un solo euro» para mejorarlas, ni a través de los fondos europeos como habían solicitado.
También ha recriminado que «no se hayan dotado de plazas de jueces y de fiscales», como tampoco de funcionarios de la administración de justicia, de las que reclamaron 470 plazas en 2023 y solo se asignaron 174 a Madrid, y este año han reivindicado 629 plazas para acabar con la temporalidad.
Según ha detallado García Martín, la Comunidad de Madrid ha tenido que hacer 1.350 nombramientos de funcionarios en el último año porque «faltan plazas de funcionarios de carrera a cubrir».
