![El documental "No, no quiero" saca a la luz los matrimonios forzados en España Belén Santos, directora del documental 'No, no quiero', posa junto al cartel de la cinta durante una entrevista con EFE en los cines Golum de Madrid con motivo del estreno de la cinta. EFE/ Gema García](https://vivirediciones.es/wp-content/uploads/2023/11/rss-efebbcf416c1957f7d62240bce504893ebedd828d87w-678x381.jpg)
Magdalena Tsanis
![Belén Santos, directora del documental 'No, no quiero', conversa con EFE en los cines Golum de Madrid con motivo del estreno de la cinta. EFE/ Gema García](https://vivirediciones.es/wp-content/uploads/2023/11/rss-efe1c77bab930cbdc1de55e0d4cd8e7abe9b04c00efw.jpg)
Madrid, 23 nov (EFE).- En vísperas de la celebración del 25N, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este viernes llega a los cines «No, no quiero», un documental que busca sacar a la luz la cruda realidad de los matrimonios forzados en España.
«Es una de las formas de violencia más brutal, desconocida e invisibilizada que hay y las niñas que lo sufren están indefensas», dice a EFE Belén Santos, directora del filme, que da voz a cuatro jóvenes que tuvieron el coraje de enfrentarse a sus familias y escapar de esos matrimonios forzados.
El primer gran obstáculo a la hora de hacer frente a esta realidad es la falta de datos fidedignos. Según cifras de Interior, los cuerpos policiales detectaron 27 casos entre 2015 y 2022, pero solamente la asociación Valentes y Acompanyades de Salt (Girona), que participa en el documental, tenía en el momento del rodaje 67 casos sobre la mesa.
«Es imposible conocer el número de casos, es una violencia intrafamiliar y solo se conocen las que llegan a denunciar o acuden a asociaciones como esta, que son la punta del iceberg», señala Santos.
Tampoco es fácil para las víctimas ponerse delante de la cámara y contar sus historias, que sucedieron en la mayoría de los casos cuando eran menores de edad. Aya, Luna, Amy y María están ahora entre la veintena y la treintena. Tres de ellas nacieron en España y la cuarta, María, llegó con meses.
«Han crecido aquí, con los valores de la sociedad occidental contemporánea, pero conviven con la tradición familiar de sus países de origen -Senegal, Marruecos o Bangladesh- y hay un choque», subraya la directora.
Sus testimonios ofrecen un aspecto en común, el gran sentimiento de culpa que aflora al verse obligadas a elegir entre aceptar renunciar a su libertad y a la vida que tenían o denunciar a sus propios padres para empezar una nueva vida completamente solas.
Si se han animado a dar un paso al frente es para que otras no se sientan tan solas como estuvieron ellas. «Cuando les sucedió no encontraban referentes, creían que eran las únicas, ahora ellas pueden ser referentes», dice Santos.
María tenía 15 años cuando sus padres decidieron que era hora de dejar de estudiar para viajar a Bangladesh a casarse con un desconocido. Ella los denunció y acabó, con su hermana de 12, en un centro de menores.
A Aya quisieron casarla a los 14 con un primo. Hoy trabaja en la asociación de Salt ayudando a otras mujeres en su situación pero para su familia siempre será «la oveja blanca».
Luna estaba en la Universidad y pensaba que ya se había librado del asunto tras dos intentos infructuosos pero hubo un tercero y decidió escapar. Sin fuerza emocional ni recursos, su familia le dio la espalda.
Amy cedió a la presión y se casó, cuenta que hizo lo que pudo evitar consumarlo, tuvieron peleas, se fue de casa, volvió y ante la amenaza de ser enviada a África, huyó definitivamente.
Santos, que en 2011 estrenó el documental «Los dioses de verdad tienen huesos», sobre la lucha de una ONG para operar en Europa a niños enfermos de Guinea Bissau, subraya la importancia de no estigmatizar ninguna cultura.
«Los matrimonios forzados han existido siempre en todas partes, no va asociado a una cultura de un pueblo, hay que distinguir entre tradición y cultura y en unos países se ha evolucionado más rápido que en otros en la conquista de derechos».
Y hace un llamamiento a las instituciones locales, autonómicas y estatales, para que tomen medidas ante estas «prácticas de esclavitud contemporánea», tipificadas como delito en el Código Penal y a las que no se presta la atención suficiente.
Pone el ejemplo del gobierno de Navarra, que lleva meses preparando un protocolo de actuación para estos casos que tiene previsto presentar el mes que viene.