El embargo a una hijastra de la duquesa roja para pagar la herencia se amplía a un hermano

Imagen del 23 de marzo de 2017 en el cementerio de Quintana Redonda (Soria) donde el juez ordenó la exhumación del cuerpo de Leoncio González de Gregorio, marido de la conocida como la duquesa roja, para extraer muestras óseas, realizar pruebas de ADN y dilucidar si era el padre de la hija de una sirvienta. EFE/Wifredo García

Sevilla, 19 dic (EFE).- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Soria ha ampliado a otro hermano de Rosario Bermudo, hijastra de la duquesa de Medina Sidonia, conocida como la duquesa roja, Luisa Álvarez de Toledo, el embargo de todas sus cuentas para garantizar el pago de la herencia que le corresponde.

Según ha informado a EFE el abogado de Bermudo, Fernando Osuna, y se refleja en el auto firmado por la jueza, se ordena el embargo de las cuentas de ambos hijastros de la duquesa, en una actuación con una “celeridad ejemplar”, al responder en menos de 48 horas a la petición de esta vecina de Écija (Sevilla) de que se ejecute la sentencia que le otorga 1,2 millones de euros de herencia de su padre, tras el recurso interpuesto por su hermana el pasado jueves.

Según Osuna, su defendida reclamaba que «de forma cautelar» le sea pagado el dinero que le concedió la sentencia del mismo juzgado el pasado 21 de octubre, de forma que cobre lo que le corresponde mientras la jueza estudia el recurso de su hermana.

Ante esta petición, la jueza ha dictado un auto en el que ordena “averiguar la situación laboral y los bienes y derechos patrimoniales de la parte ejecutada, a través de consulta telemática” en las bases de datos de los organismos públicos a los que tiene acceso el juzgado, y trasladar su resultado a “la parte ejecutante”, para que pueda tomar las medidas legales que considere oportunas.

Concretamente, en el caso de su hermana declara embargos de bienes hasta cubrir la cantidad de 784.963,20 euros de principal más los intereses y costas del proceso, calculados “de forma provisional”, de modo que reclama que se estudien “los saldos positivos y depósitos bancarios a su nombre en las entidades financieras con convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el embargo telemático de cuentas”.

Además, reclama que se investiguen las cantidades pendientes de percibir de la Agencia Estatal de la Administración tributaria en concepto de IVA, IRPF, subvenciones o cualquier otro concepto, y en este último caso “se les hace saber que para que se haga efectiva se realizará una anotación telemática de embargo, que se repetirá mensualmente y de forma automática hasta que la deuda se liquide totalmente”.

En el auto que se refiere a su hermano, la cantidad es menor aunque las condiciones son las mismas, con una cantidad que se le reclama en torno a los 140.000 euros, y a su hermana se le piden unos intereses y costas que llegan a los 200.000 euros.

  Recorrido judicial

El 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Bermudo, que ahora tiene 72 años, como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN con el 99,99 % de coincidencia, el máximo que se puede obtener.

El final de este pleito se produjo después de un proceso de seis años y de que el 23 de marzo de 2017 se exhumaran en el cementerio de Quintana Redonda (Soria) los restos de Leoncio González para poder contrastar el ADN con el de la demandante.

Esta prueba resultó clave para confirmar que Rosario Bermúdez es hija de González, lo que le da derecho a reclamar parte de su herencia.

Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, fue miembro de una de las familias aristocráticas más importantes de España con un linaje que se remonta al siglo XV.

Las pruebas de ADN sobre restos óseos del cuerpo de su padre confirmaron al 99,99 % que el aristócrata era el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con la sirvienta, y cuya paternidad había reclamado esta para exigir parte del legado.

Bermudo pudo ganar este caso después de cinco años de pleitos tras autorizar un juez la exhumación de Leoncio González para la obtención de muestras óseas con las que poder contrastar el ADN del fallecido con el de ella.

El Instituto de Toxicología exigía que se comparase el ADN de varios familiares vivos del aristócrata para evitar la exhumación, lo que finalmente se hizo como prueba decisiva.