Lima, 14 sep (EFE).- La decisión del Congreso de Perú de abrir una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado la alerta de organismos nacionales e internacionales ante una posible afectación al equilibrio de poderes y amenaza con enturbiar la relación entre el país andino y la representación de las Naciones Unidas (ONU).
Las principales claves de esta controversia son las siguientes:
Una decisión polémica
El pleno del Congreso decidió el pasado jueves dar paso a una investigación sumaria, encargada por un plazo de 14 días a la comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos para decidir si recomienda que los miembros de la JNJ sean destituidos.
La moción inicial fue presentada por la legisladora derechista Patricia Chirinos, que aseguró que la JNJ «se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales».
Como fundamentos, la moción recurrió a un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político al que fue sometida por el Congreso la ex fiscal general Zoraida Ávalos, y la denuncia de una supuesta intromisión ante los miembros de la Corte Suprema para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.
La respuesta de la JNJ
En respuesta, la JNJ consideró que esta investigación es una amenaza al «ejercicio independiente de sus funciones» y alertó que la remoción de sus miembros «constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú».
La presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, aseguró que su organismo, que nombra, ratifica y destituye a los jueces y fiscales de todos los niveles del país, ha dado «muestra suficiente de un trabajo transparente» y que las imputaciones hechas por el Parlamento «carecen de fundamento».
Por ese motivo, anunció que apelarán a todos los medios para proteger sus derechos, entre ellos al Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
El pronunciamiento de la ONU
Precisamente, el sistema de la Naciones Unidas en Perú expresó su «preocupación» por la investigación y remarcó que «la JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país».
«Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas», aseguró el jueves pasado.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró, por su parte, que la JNJ es «una institución independiente» y que se podría afectar «la independencia judicial y la separación de poderes» en Perú.
La reacción del Congreso
Tras conocerse el pronunciamiento de la ONU, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso exigió el retiro del coordinador residente del sistema en Perú, Igor Garafulic, al considerar que había cometido una «intromisión en asuntos internos».
Incluso el presidente de esa comisión, el fujimorista Alejandro Aguinaga, anunció que se pretende declarar a Garafulic persona non grata por estar «usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la Organización de las Naciones Unidas».
El legislador cuestionó, además, que esta situación se haya generado «a pocos días» del viaje que hará la presidenta Dina Boluarte a Nueva York, para participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
La posición del Gobierno
Tras esa reacción del Legislativo, la Cancillería convocó a Garafulic para «transmitirle formalmente la extrañeza» del Gobierno peruano por el pronunciamiento de su representación.
Esta posición contrastó con la que expresó el pasado viernes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien afirmó que la investigación puede implicar un riesgo para la institucionalidad democrática en el país.
«Desde el Gobierno exhortamos al Congreso a que se conduzca esta investigación dentro de los cánones constitucionales y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente», sostuvo.
El proceso sumario
En medio de la controversia, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este martes el plan de trabajo de la investigación, tras un «arduo debate» en el que se manifestaron las «discrepancias, observaciones y precisiones» sobre el tema.
La presidenta del grupo de trabajo, la izquierdista Janet Rivas, sostuvo que la investigación se debe basar «en los hechos que están estipulados dentro de la moción», tras lo cual se elaborará un informe que «dirá si realmente corresponde a una causa grave o no».
Al respecto, la también izquierdista Ruth Luque dijo que hay puntos mínimos «que se deben garantizar», mientras que la conservadora Gladys Echaíz sostuvo que no se va «a investigar un tema penal, sino más bien un tema de orden disciplinario administrativo».
David Blanco Bonilla
