Brasilia, 16 jun (EFE).- La defensa del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), pidió este viernes a la Justicia que se le autorice a no comparecer ante una comisión parlamentaria que investiga el intento de golpe de Estado del pasado enero.
Cid está detenido en forma preventiva desde el mes pasado por una presunta trama para falsificar certificados de la vacuna anticovid para Bolsonaro y otras personas de su entorno, un caso sin relación con los violentos hechos del 8 de enero.
No obstante, las autoridades han encontrado en su teléfono celular unos mensajes que sugieren planes para alentar un golpe militar tras las elecciones de 2022, ganadas por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo resultado no fue reconocido por el bolsonarismo.
La comisión parlamentaria, instaurada hace un mes, incluyó a Cid en una lista de 40 personas, en su mayoría de grupos de extrema derecha, que serán citados a declarar en las próximas semanas.
Pese a que aún no se ha definido una fecha para su comparecencia, los abogados de Cid pidieron este viernes a la Corte Suprema que se le conceda un recurso de amparo, a fin de no sea obligado a prestar declaración ante el grupo parlamentario.
Los abogados Bernardo Fenelon, Raíssa Isac y Bruno Buonicore, que representan al militar, alegaron que su cliente «teme» ser víctima de «actos ilegales y humillantes» en la comisión parlamentaria, que tiene una clara mayoría de legisladores afines al Gobierno de Lula.
El pedido fue presentado a la Corte Suprema un día después de que el magistrado Alexandre de Moraes, responsable en el tribunal de las investigaciones sobre los sucesos del 8 de enero, autorizó al grupo parlamentario tomarle declaración al exedecán de Bolsonaro.
El primer testigo citado por la comisión es Silvinei Vasques, hasta diciembre pasado director de la Policía Federal de Carreteras, quien deberá declarar el próximo martes.
Vasques deberá explicar una operación que ordenó el 30 de octubre del año pasado, en medio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mediante la cual se montaron retenes en carreteras que obstaculizaron la llegada de votantes a los centros electorales.
La convocatoria de Vasques se debe a la sospecha de que el asalto a los tres poderes de la Nación lanzado el 8 de enero por una horda de bolsonaristas que intentaba forzar un golpe de Estado contra Lula, quien había asumido el poder ocho días antes, fue sólo el corolario de «un plan» trazado desde las propias elecciones.
Esa sospecha fue reforzada por mensajes hallados por la Policía en el teléfono de Cid, en los cuales se revela que en el entorno más cercano al exmandatario había militares y seguidores conspirando para intentar anular el resultado de los comicios mediante una «intervención» de la Justicia electoral.
Esos planes, de acuerdo a los mensajes, sería completado con una «declaración de estado de sitio» y las Fuerzas Armadas respaldando a Bolsonaro, quien los convocaría a actuar como «moderadores» en un supuesto conflicto de poderes.
