Ana Tuñas Matilla
Madrid, 19 dic (EFE).- La creencia en que el mercado voluntario de créditos de compensación de CO2 moverá grandes cantidades de dinero a corto y medio plazo está llevando a grandes empresas y fondos a posicionarse y a «pelear» por lograr tierras en las que llevar a cabo proyectos de reforestación.
En España, el sistema se apoya principalmente en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica, creado para fomentar el cálculo y reducción de emisiones y promover la inversión en proyectos que eleven la capacidad de absorción de ciertos ecosistemas mediante la venta de esos créditos.
A este mercado, basado por ahora en reforestaciones en tierras quedadas o baldías, puede acudir cualquier persona o entidad, aunque la práctica totalidad de los créditos los compran empresas para compensar sus emisiones en el marco de la responsabilidad social corporativa.
Los expertos consultados por EFE prevén que el volumen de dinero que mueve este mercado crezca exponencialmente en los próximos años, lo que ha desatado una verdadera fiebre por lograr terrenos en los que llevar a cabo reforestaciones sobre las que generar créditos de CO2.
Pese a que el objetivo final es elevar la capacidad de absorción de España, la falta de regulación y de transparencia de la que adolece este mercado puede conllevar la creación de una «burbuja», como ha advertido la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aboga por regularlo.
HASTA CUATRO OFERTAS SOBRE LA MESA
«Empresas y fondos de inversión están buscando terrenos para poder plantar y ofertar esos proyectos a grandes compañías para reducir su huella de carbono. No consideramos que esto sea malo pero, de momento, vemos mucha opacidad», según el responsable Económico de la Asociación Forestal de Galicia, Daniel Rodríguez Cebreiro.
Los propietarios de montes, privados o públicos, están teniendo hasta tres o cuatro propuestas de reforestación sobre la mesa, aunque la gran mayoría no se traducen en dinero en efectivo, más allá de la inversión inicial y, por tanto, no son muy interesantes.
Que llegue dinero al sector forestal es bueno porque se necesita para mantener los bosques, pero es malo que haya opacidad hasta el punto de que no sepan a cuánto vender los derechos o cómo gestionar los terrenos para lograr un mayor rendimiento, ha añadido.
En su opinión, esta situación revertiría si el Ministerio creara un observatorio de precios que permitiera valorar a los propietarios «qué es lo que tienen entre manos y si la oferta que le hacen es buena o escasa».
En muchos de los contratos firmados, las empresas se limitan a pagar la plantación y su mantenimiento los 5 primeros años, mientras que el propietario adquiere el compromiso de mantenerla durante el periodo mínimo de 30 años que requiere el Registro para poder inscribir un proyecto.
En la mayoría de los casos, estas empresas se quedan con todos o prácticamente todos los derechos de emisión comercializables en el mercado voluntario de CO2.
«Hay mucho desamparo y el éxito del mercado dependerá de su credibilidad, de que el dinero vaya donde tiene que ir, que es a mantener explotaciones, lo que ahora no se garantiza», ha advertido Rodríguez Cebreiro, que considera que dado que se está convirtiendo en un producto de inversión, debería regularse como tal.
«Nadie se acuerda del monte hasta que hay posibles ganancias, pero éstas deben revertir en los propietarios», ha insistido, tras apuntar que también debería poder emitirse créditos basados en la gestión sostenible de los bosques, algo en lo que trabaja la Xunta de Galicia.
PETICIONES A DIARIO
«Todos los días nos llegan peticiones de empresas para que las pongamos en contacto con propietarios para reforestaciones. Se están creando grandes expectativas que no sabemos cómo se van a materializar», ha dicho la gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FACYLE), Olga González.
Dada la falta de información, puede que todo acabe en una «burbuja» o que realmente sirva para que el sector reciba dinero y pueda llevar a cabo una gestión sostenible de las explotaciones forestales, hoy por hoy, deficitarias en su mayoría.
En su opinión, el problema de los contratos que se están firmando está en la «letra pequeña», pues muchos ceden a la empresa los derechos de compensación comercializables a futuro aunque son ellos los que asumen la responsabilidad a largo plazo de mantener la masa forestal en buen estado sin apenas protección.
Las empresas sólo les hacen ver «la parte buena del negocio», ha advertido González, que ha señalado que aunque el interés por terrenos comenzó hace dos años, en los últimos seis meses se ha disparado.
No obstante, ha considerado que si este mercado se utiliza bien servirá para que la sociedad ayude al mantenimiento de unos bosques que prestan servicios a todos y por los que ahora nadie paga, como la captación de CO2, la biodiversidad o la calidad del agua; así como para adaptarlos al cambio climático.
