El juez del caso Lezo ha acordado el procesamiento del expresidente madrileño Ignacio González por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, unos hechos de los que exculpa al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir.
Se trata de la segunda pieza en la que González está procesado por este presunto caso de corrupción en torno al Canal de Isabel II por el que fue detenido en abril de 2017 y estuvo en prisión preventiva más de seis meses. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión para él por otra pieza donde se ha investigado la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal en 2013.
En un auto del pasado 29 de octubre, contra el que cabe recurso, el magistrado propone juzgar también al yerno de Villar Mir y exconsejero de OHL Javier López Madrid; a los exdirectivos de la constructora Felicísimo Damián Ramos y Arturo Martín de Nicolás; al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; y al empresario Adrián de la Joya -relacionado con el excomisario José Villarejo-.
Lo hace al concluir que, de lo investigado, «se infiere» su «presunta participación o intervención», según los casos, en supuestos delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho.
No lo cree así respecto al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; al exconsejero de la constructora Tomás García; y al exconsejero delegado de Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) Jesús Trabada, para quienes acuerda el archivo de la causa.
Sigue así el juez el criterio de la Fiscalía, que solicitó el procesamiento de los seis imputados en la pieza donde se han investigado las «ilicitudes» que rodearon al proceso de adjudicación a OHL de las obras del mencionado tren que unía las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.
La adjudicación, explica el auto, «obedeció a un plan ideado» por López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás que incluía destinar 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) «al abono de una ilícita comisión».
Entre los beneficiarios estarían el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel e Ignacio González, expresidente de la empresa pública y vicepresidente madrileño entre 2003 y 2012, con el objetivo de que este último «ejerciera su influencia» sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de MINTRA, empresa encargada de la licitación.
Según el auto, Felicísimo Damián Ramos, «siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico», Rafael Arturo Martín, ordenó transferir 2,5 millones de dólares de las cuentas de OHL en España a otras abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo.
En noviembre de 2007 presuntamente ordenó de nuevo transferirlos desde México a la cuenta suiza de una sociedad panameña propiedad de De la Joya, quien «hizo llegar» a Ildefonso de Miguel «fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros».
Sin embargo, precisa el auto, «no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones» entre De Miguel e Ignacio González.
El 7 de octubre de 2011, pese a que la sociedad concesionaria paralizó la ejecución de las obras al no conseguir financiación, pidieron una modificación contractual, como habían presuntamente planeado, pero MINTRA entonces ya había sido disuelta, por lo que «no lograron culminar su propósito» dado que la Consejería de Transportes e Infraestructuras inadmitió su solicitud.
Fuente: © EFE 2020.
