Jerusalén, 13 feb (EFE).- El Parlamento israelí aprobó este lunes discutir en el pleno los primeros aspectos legales de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno del derechista Benjamín Netanyahu, que ha provocado caos en la sesión parlamentaria y multitudinarias manifestaciones en Jerusalén y Tel Aviv.
La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset (Parlamento) aprobó para su primera lectura en el pleno dos de los proyectos de ley propuestos en la reforma judicial, que pretenden cambiar la composición del comité de selección de jueces y restringirían al Supremo la posibilidad de revisar y cambiar las leyes.
De aprobarse en el pleno, estas legislaciones volverían a la comisión para preparar su segunda y tercera lecturas, antes de suaprobación como ley.
En tanto, miles de israelíes salieron a las calles para manifestarse en contra de la reforma judicial, al considerar que socava significativamente la independencia de la Justicia.
Portando pancartas y ondeando banderas israelíes, miles de manifestantes se congregaron frente a la Knéset al grito de «Democracia!». También tomaron las calles en Tel Aviv e incluso hubo pequeñas protestas frente a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y frente al Muro de los Lamentos, el lugar de culto más sagrado para los judíos.
Uno de los aspectos de la reforma que fueron votados este lunes busca dar al Ejecutivo, encabezado por Netanyahu junto a sus socios ultraortodoxos y ultranacionalistas, cinco de los nueve escaños del Comité de Selección Judicial, con una mayoría simple necesaria para nombrar jueces en todos los tribunales de Israel.
La sesión estuvo marcada por intensas peleas a gritos entre legisladores de la coalición y la oposición y algunos tuvieron que ser desalojados a la fuerza.
Entre otras cuestiones, el plan que impulsa el ministro de Justicia, Yariv Levin, prevé la denominada «cláusula de anulación», que implicaría que una mayoría simple de diputados en el Parlamento pueda derogar los fallos emitidos por el Tribunal Supremo.
El Supremo tiene competencias para tumbar normas que ve contrarias a la ley básica israelí -con rango constitucional-, por lo que quienes se oponen al plan creen que la reforma erosionaría la separación de poderes y debilitaría las bases formales de la democracia israelí.
Esta iniciativa ha polarizado a la sociedad israelí, desencadenado desde hace varias semanas masivas protestas en distintos puntos del país, sobre todo en Tel Aviv, así como el rechazo de intelectuales, economistas y empresarios.
El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió el domingo demorar la reforma e instó al diálogo para buscar un «amplio consenso» entre los distintos sectores de la sociedad.
«Estamos al borde de un colapso social y constitucional», advirtió en un discurso televisado, al argumentar que una enorme cantidad de israelíes «ven esta reforma como una amenaza sustancial» para la democracia del Estado judío.
Según medios locales, cientos de empresas han autorizado a sus trabajadores a tomarse el día para asistir a las manifestaciones de este lunes, en una nueva expresión de rechazo a la reforma por parte del sector privado, ante el creciente temor de que inversores extranjeros comiencen a abandonar el país debido a la erosión de su democracia.
