Sevilla, 21 feb (EFE).- El PSOE-A ha confirmado este miércoles que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto ley de simplificación administrativa del Gobierno andaluz, que previsiblemente será convalidado esta tarde en el pleno del Parlamento autonómico.
La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Ferriz, ha confirmado en rueda de prensa que el decreto ley, del que ha dicho que es «una chapuza del rodillo» parlamentario del PP, cuenta con informes jurídicos de la Junta que son contrarios y «no justifican» la «urgente y extraordinaria necesidad» en su tramitación.
«Faltan los informes de los consejos de los gobiernos locales, no se ha pronunciado el Consejo Consultivo y es un coladero cargado de malas intenciones», ha denunciado la portavoz, que ha exigido su retirada del orden el día del pleno del Parlamento, que debatirá dicha norma esta tarde.
El decreto tiene 600 páginas, con un expediente que consta de casi 2.000 folios y que modifica 176 leyes, y los grupos han dispuesto de una semana para su análisis, una «barbaridad» que según los socialistas intenta resolver muchos de los problemas que «ha creado» el Gobierno de Moreno.
La portavoz ha denunciado que el decreto recoge que entidades urbanísticas privadas puedan certificar y autorizar para construir sustituyendo al informe de los funcionarios públicos, una medida -ha dicho- que la Junta intentó «colar» en la ley del Suelo (LISTA) y sobre la que el Consejo Consultivo advirtió de la «más que evidente» insconstitucionalidad.
Los socialistas sostienen que el decreto incluye todo tipo de normas que «no tienen que ver» con los trámites administrativos, como la modificación de la Ley Forestal de Andalucía que recogía la controvertida proposición de ley del PP y Vox sobre la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana.
«Es mentira que hayan querido trasponer en el decreto la ley Forestal estatal. Aparece lo que pactaron con el PP y Vox en la proposición de ley, que se comprometieron a retirar con el Gobierno», ha remarcado.
Controles eliminados
El análisis del PSOE-A precisa que el decreto elimina controles para el Gobierno andaluz, entre ellos el informe preceptivo de contratación en contratos menores que estaban para evitar el fraccionamiento de contratos públicos y que modifica la ley de patrimonio para permitir el uso privativo temporal de bienes de dominio público «a dedo» y «sin» controles inherentes a una concesión administrativa.
Férriz ha destacado, igualmente, que quedan eliminados todos los controles de impacto género en materia presupuestaria, lo que supone que el Gobierno de Moreno «se carga» las auditorias que se vienen desarrollando en esta materia desde hace quince años.
A todo ello, ha sumado la eliminación de órganos consultivos como el Observatorio de la Vivienda, el Consejo Rector del Instituto de la Juventud, los consejos provinciales de la Infancia o la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, entre otros.
«El decreto es una auténtico abuso, un auténtico rodillo y chapuza, que se niegan a tramitar como proyecto de ley. Y lo hacen porque el decreto hace saltar por los aires todos los controles y es un campo abierto para procesos especuladores y privatizaciones que deja desprotegidos a los andaluces», ha alertado.
