Brasilia, 27 sep (EFE).- El pleno del Senado brasileño aprobó este miércoles con carácter de «urgencia» el texto central de un proyecto que restringe el derecho de los indígenas a la tierra y contraría una sentencia dictada la semana pasada por la Corte Suprema en favor de los pueblos originarios.
La propuesta había sido aprobada unas horas antes en una comisión y fue llevada al pleno del Senado con «urgencia» por los grupos más conservadores, que han rechazado la decisión del Supremo por su contenido y también con el argumento de que el Poder Judicial ha «usurpado» las competencias del Legislativo.
El proyecto le da fuerza de ley al «marco temporal», una tesis rechazada por el Supremo el pasado jueves con una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, que limita los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.
La fuerza de los conservadores
En el pleno, el proyecto de ley fue aprobado con 43 votos a favor y 21 en contra, un resultado que demostró la fuerza que todavía mantiene el conservadurismo en el Parlamento frente al Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que se opone al «marco temporal».
En la última semana, esos grupos formados por la derecha y la ultraderecha se han plantado contra decisiones del Supremo, que ha comenzado a debatir la descriminalización del aborto hasta las 12 semanas y la posible liberación, con ciertos límites, de la marihuana para «fines recreativos».
El relator del proyecto sobre el «marco temporal», Marcos Rogério Brito, rechazó este miércoles las presiones del oficialismo, desde el cual se alegó que, aún si fuera aprobada por el pleno del Senado, la nueva disposición sobre las tierras indígenas será denunciada al Supremo y declarada inconstitucional.
El jefe del grupo oficialista en el Senado, Randolfe Rodrigues, también garantizó que el proyecto «será vetado por el presidente Lula», lo cual sólo remitiría el texto nuevamente a las cámaras legislativas para nuevas deliberaciones.
Sin embargo, Brito no aceptó esos argumentos. «La competencia del Supremo es clara en la Constitución, pero es tan clara como lo es la competencia del Poder Legislativo», afirmó el relator, quien rechazó que el proyecto sea un «desafío» a la corte o que puede provocar un eventual conflicto institucional.
En favor del proyecto, impulsado por grupos de la ultraderecha que defienden los intereses de poderosos empresarios del campo, Brito aseguró que le dará «seguridad jurídica» a aquellos colonos que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas, aunque lo hacen bajo una dudosa legalidad.
El Supremo fija indemnizaciones mientras el Senado decide
El propio Supremo reconoció que muchas de esas personas, «de buena fe», pagaron por esas tierras a Administraciones regionales o municipales, que las vendieron al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre esa cuestión antes de la Constitución de 1988.
Para esos casos, la máxima corte discutió este mismo miércoles formas de indemnización, pero sólo para aquellos casos en que los colonos no ocuparon las tierras por medio de la violencia y las adquirieron gracias a las lagunas legales que había sobre el asunto.
Los magistrados decidieron de forma unánime que los agricultores con títulos «válidos» sobre tierras que todavía no eran consideradas indígenas por el Estado en el momento de la compra deben recibir una indemnización «justa y previa» por parte de las autoridades en caso de ser desalojados.
Además, abrieron la posibilidad de que, en caso de «absoluta imposibilidad» de reintegración de las tierras a los pueblos indígenas, se les pueda ofrecer otras áreas donde asentarse.
El fallo del Supremo contra el «marco temporal» fue celebrado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la cual consideró que esa tesis habría tenido consecuencias «extremadamente graves» para las comunidades indígenas y perpetuaría injusticias históricas sufridas por estos pueblos.
